Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El titular de la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas (CEAT), Salvador Treviño Garza, informó que hasta el momento sólo se ha detectado un caso de robo de agua, en el municipio de Aldama.

Explicó que se desvió el cauce del río hacia algunos predios agrícolas de ese municipio, por lo que se turnó el caso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Lo anterior se da ante el intenso operativo de inspección y verificación que implementó el gobierno de Nuevo León en coordinación con fuerzas policíacas, para detener el robo de agua en ranchos y predios.

En el caso del robo de agua en Aldama, señaló que se suspendió el hurto del vital líquido porque el caudal disminuyó, y no porque las autoridades respondieron al reporte, ya que al acudir ya no se encontraba el desvío.

“En ese caso se movieron los mismos, desgraciadamente tampoco hay agua, no fue un impedimento de que no corriera el agua, sino que no hay flujo ahorita”, dijo.

Adicional a Aldama, recordó el caso de unos ejidatarios en Jaumave, productores de limón, lo que generó manifestaciones en las oficinas de la Conagua en Ciudad Victoria.

“De ahí en fuera no hemos tenido reportes de la ciudadanía, pero invitamos a aquellos a que tengan alguna inquietud lo hagan”.

Las denuncias, dijo Treviño Garza, se pueden interponer directamente a la CEAT para que se turnen al área correspondiente.

Actualmente la legislación local establece sanciones económicas y cárcel en contra de las personas que sean sorprendidas robándose el agua de los caudales o de la red hidráulica.

Cabe recordar que Congreso del Estado aprobó el exhorto para que los 43 municipios, a través de las comapas, y la CEAT se lleven a cabo las sanciones.

La Ley de Agua del Estado establece en su artículo 191 los efectos para cometer sanciones, entre ellas el implementar mecanismos para succionar el agua potable de las tuberías de distribución.

A su vez, el Artículo 400 del Código Penal de Tamaulipas establece como robo el aprovechamiento de energía eléctrica o cualquier otro fluido sin consentimiento de las personas o autoridades que legalmente pueden disponer de él, y aclara en el 402 los montos y multas de dos hasta 15 años de prisión, según el daño ocasionado.