Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá de forma definitiva la controversia constitucional por el proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca el próximo miércoles primero de junio.

Será en la sesión de la Primera Sala de la Corte cuando los cinco ministros integrantes cuando se sometan a votación las controversias constitucionales 50/2021 y 70/2021 promovidas por el Congreso de Tamaulipas en contra de desafuero, y la orden de aprehensión en contra del gobernador.

En ambos recursos se encuentra como ponente el ministro Juan Luis Gozález Alcántara Carrancá, que serán sometidos a votación para resolver a fondo ambos procesos, después de ser promovidos por la 64 Legislatura de Tamaulipas, cuando se le desaforó a García Cabeza de Vaca.

La votación se dará el mismo día que concluyen las campañas electorales para las elecciones a gobernador de Tamaulipas, e inicia el periodo de ‘silencio’ y reflexión del voto para la ciudadanía.

De resolver a favor del desafuero, los ministros notificarán a los demandantes y acusados, así como al gobernador de Tamaulipas para que la FGR pueda vincularlo a proceso para judicializarlo por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada.

La controversia constitucional 50/2021 corresponde al proceso de desafuero aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 30 abril del 2021; mientras que el 70/2021 se resolverá por la orden de aprehensión del gobernador promovida por la Fiscalía General de la República.

Después de meses de espera, la Suprema Corte deberá pronunciarse al respecto de ambos asuntos, en medio de una jornada electoral en la que ha escalado el nivel los ataques de las distintas fuerzas políticas que se disputan el gobierno del Estado por los próximos seis años.

Además, a la par el Congreso de Tamaulipas mantiene un proceso de desafuero en contra de la diputada coordinadora de la bancada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, a solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por el presunto delito de cohecho.