Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La solicitud de desafuero de la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Úrsula Salazar Mojica, se turnó este martes a la Comisión Instructora, al darle entrada en el Pleno por la presidenta de la Mesa Directiva, Imelda Sanmiguel.

En el apartado de correspondencia, el Congreso aceptó la solicitud enviada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para quitarle la inmunidad procesal a la legisladora e iniciar un juicio por la presunta comisión del delito de cohecho.

Úrsula Salazar, quien además es sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, deberá presentar pruebas en su defensa una vez que la Comisión Instructora enliste el caso en la próxima sesión programada.

El documento firmado a la Comisión deberá llevar el curso establecido en el artículo 152 de la Constitución Política del Estado y los reglamentos señalados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

La solicitud firmada por el titular de la FECC, Raúl Rodríguez Castañeda, se da a raíz de la difusión de dos audios en donde se le vincula a la diputada con la petición de inflar facturas a su beneficio, presuntamente cuando se desempeñaba como servidora pública en el Conalep de Tampico.

Según con la Ley Interna del Congreso, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Constitución local, se cuenta con un plazo de 90 días para que concluya el procedimiento de desafuero, con posibilidad de extenderse a petición del Congreso.

De aprobarse el dictamen en la Comisión Instructora, conformada por mayoría del PAN y PRI, se deberá aprobar en el Pleno por dos terceras partes, es decir, se debe respaldar con 24 votos a favor, mismos que no reúne la alianza PRI-PAN.

PIDEN SE SEPARE DEL CARGO POR LAS BUENAS

En el apartado de iniciativas, la diputada de Morena Úrsula Salazar Mojica fue objeto de un exhorto, para solicitar licencia a su cargo para aclarar todo ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La iniciativa fue propuesta por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Leticia Sánchez Guillermo, misma que fue aceptada para su revisión.

La diputada panista argumentó que debe aclarar su situación legal y asumir sus responsabilidades.

“Cuando tomamos aquí protesta hicimos un juramento de lealtad y compromiso moral de velar por nuestra sociedad. No se puede seguir mintiendo ante esta verdad tan evidente”, precisó.