La crisis en el sector rural mexicano se ha hecho cada vez más profunda porque la mayoría de los cultivos y de los productos pecuarios y forestales han dejado de ser rentables.

La falta de políticas de planeación, fomento y regulación en la economía rural, ha provocado, mayor atraso y pobreza en el medio rural.

Esta crisis, se ha ido agravando con la falta de infraestructura y servicios, la reducción de los subsidios, la poca protección a la producción nacional y el mercado interno, la falta de crédito para millones de productores, la carencia de investigación, innovación tecnológica, asistencia técnica y capacitación.

Como consecuencia del abandono en que se encuentra el campo, la actividad agropecuaria y forestal se ha ido descapitalizando, se ha reducido la producción, se ha incrementado la dependencia alimentaria, se ha destruido la planta productiva, sobre todo de granos y productos básicos, además de que se han desarticulado las cadenas productivas.

Asimismo, en el campo es cada vez más creciente la expulsión de la población, hacia las grandes ciudades o, sobretodo, hacia los Estados Unidos, mientras que los empleos se reducen, los recursos naturales se degradan, los ingresos de las familias campesinas han caído, al tiempo que la pobreza y marginación aumentan en el sector rural.

La falta de planeación en los procesos productivos, ha provocado que seamos el primer importador de alimentos en América Latina, al no poder competir con nuestros socios comerciales, debido a las asimetrías que tenemos con Estados Unidos y Canadá en productividad y rentabilidad, ya que los productores de esos países tienen acceso a mejores tecnologías, créditos más accesibles y subsidios más altos.

Por ello, es necesario definir, pues, una política de planeación a partir de la demanda de los mercados, la vocación productiva de nuestros suelos, pero sobre todo, tratando de alcanzar la autosuficiencia alimentaria de nuestro país.

Con una política pública incluyente y estratégica, y una equilibrada inversión en el sector rural, el desarrollo agropecuario mexicano podría alcanzar mayores niveles de productividad y disminuir la dependencia en granos, principalmente con mejores tecnologías de producción, e insumos de mayor calidad.

Por último, la planeación de los procesos productivos permitirá también regular la producción, en función de la oferta y la demanda, evitando así los serios problemas de comercialización y caída de precios, que tanto lastiman a la economía de los campesinos.

LA CRISIS AGROPECUARIA EN TAMAULIPAS:

En Tamaulipas, se observan en estos últimos años, un panorama desolador por sufrir varios efectos: por una parte, dado el cambio climático y los cambios bruscos con sequías recurrentes, se expresan cada día con más sequías extremas, temperaturas congelantes y, adicionalmente, una falta total de apoyos gubernamentales, por lo que se viene el peor desastre en los últimos 35 años.

Es evidente el abandono que tiene al campo el actual gobierno federal, que viene desarmando todos los programas e incentivos agropecuarios. En Tamaulipas, solo el gobierno estatal ha venido ofreciendo apoyos, tanto de asistencia técnica, como con semillas para siembra.

Desde la llegada del gobierno de López Obrador, desapareció a las dependencias que dan apoyo al campo, redujo el presupuesto al sector, desapareció programas y cortó el presupuesto de organismos que otorgaban créditos accesibles a los productores.

Adicionalmente, se creó la empresa SEGALMEX, para apoyo de la comercialización de productos básicos al estilo de la vieja CONASUPO, y esta semana trascendió un desfalco por más de 9 mil millones de pesos, lo que motivó la salida del director general.

Tres altos funcionarios de Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), la llamada Conasupo de la 4T, fueron destituidos de sus cargos, luego de que se comprobaron presuntos ilícitos y actos de corrupción en dicha dependencia que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).

SÍNTESIS DE LA CRISIS:

La dependencia de granos del exterior ya es cercana al 40%; el aumento en el precio de la tortilla es del 33% en la presente administración y la situación en el agro se deteriora y cuando más apoyo se requiere más son los recortes al presupuesto público.

De más de 70 mil millones de pesos destinados al fomento agropecuario en 2018, en 2021 apenas se contó con poco menos de 28 mil millones de pesos.

Este gobierno desapareció los apoyos para modernizar la maquinaria y equipo agrícola, asistencia técnica y capacitación, así como para obras de infraestructura...

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.