Monterrey, NL.- El sector privado del país  advirtió que la aprobación de la iniciativa en materia eléctrica  será contraproducente para  el bienestar de las familias mexicanas, el desarrollo del sector energético y la economía nacional.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas exhortó al Congreso de la Unión  a analizar a fondo los impactos de la Iniciativa, anteponiendo el interés de la nación a consideraciones políticas y de esta forma, garantizar el respeto a la Carta Magna.

Desde la perspectiva del IMEF, de aprobarse la Iniciativa se generarían situaciones negativas, tales como:

1) Se daría una nueva señal contundente a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la vulnerabilidad del estado de derecho, lo que eleva sustancialmente el riesgo de invertir en México y limita de manera profunda la capacidad de crecimiento.

 2) Rezagaría al país de la transición energética global hacia fuentes limpias y renovables de energía, afectando la salud de los mexicanos.

 3) Se ejercería una mayor presión sobre las finanzas públicas nacionales, lo que elevaría su vulnerabilidad.

4) Se elevaría el riesgo de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado mexicano, en especial debido a la posible violación del espíritu del T-MEC.

Lo anterior,  en materia de trato no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte de empresas del Estado y monopolios, lo cual elevaría los costos del propio Estado mexicano y reduciría la capacidad operativa de la CFE.

5)  La desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)  y la Comisión Nacional de Hidrocarburos  (CNHO  reduciría la transparencia y el sustento técnico de decisiones fundamentales para el sano desarrollo del sector energético mexicano, dejándolas a consideraciones políticas.

6) Se atentaría gravemente contra la competencia, inhibiendo incentivos naturales para la productividad del sector y para la generación de condiciones de precio justas para los consumidores.

7) Se afectaría la competitividad de la planta productiva nacional, al no contar con insumos eléctricos fundamentales para las actividades productivas en condiciones similares a nuestros competidores comerciales internacionales.

 8) Se afectaría de manera negativa la ejecución de contratos ya firmados por empresas inversionistas con el Estado mexicano.