Morelia, Michoacán.- Por los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, peculado, asociación delictuosa, tráfico de influencias, cohecho, delincuencia organizada y lavado de dinero, la Contraloría General del Estado presentó las primeras cuatro denuncias penales en contra de igual número de funcionarios de la administración de Silvano Aureoles Conejo.

Tales denuncias, según informó la titular de la dependencia, Azucena Marín, fueron presentadas el pasado miércoles ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Secretaria de Hacienda y Crédito Público en su unidad de Inteligencia Financiera y la sub Procuraduría Fiscal Federal de Investigación de la SHCP

En rueda de prensa puntualizó que las irregularidades denunciadas ascienden a los 5 mil millones de pesos e incluyen señalamientos legales también en contra del representante legal de una empresa privada y de quienes resulten responsables.

Explicó que entre los hallazgos encontrados se encuentra la firma de contratos con una empresa que no contaba con capacidad económica y jurídica para la prestación del servicio al momento de su contratación.

También, se encontraron irregularidades en la adjudicación de inmuebles pagados con un valor muy superior al comercial por el orden de los 652 millones de pesos.

Sobre los servidores públicos denunciados, la funcionaria se reservó los nombres además de que también evitó mencionar si entre estos se encuentra el propio ex mandatario estatal.

Adicional a lo anterior, señaló que, en lo local, fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) otras dos denuncias en contra de 7 ex funcionarios por delitos como ejercicio indebido de funciones, cohecho y peculado.

En este caso, explicó que se detectaron documentos económicos firmados a favor de empresas calificadas como irregulares, así como transferencias extraordinarias, muy por arriba de las percepciones económicas de los acusados, entre otras.

La Secretaria de la Contraloría explicó que, en este caso, las investigaciones se mantienen abiertas por lo que las autoridades se han reservado el derecho de ampliar las denuncias.

Asimismo, mencionó que, con base en los hallazgos y denuncias recibidas, durante las próximas semanas podrían presentarse otros 18 procedimientos penales en contra de funcionarios de una sola dependencia.

En este sentido puntualizó que la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) son las dependencias con más señalamientos, pero mencionó que también los hay en contra de la Secretaria de Salud (SSM) y Desarrollo Económico (Sedeco), entre otras.

Azucena Marín dijo que, de octubre pasado a la fecha, la Secretaria de la Contraloría a su cargo ha recibido un total de 148 denuncias de las cuales se han llevado a lo legal un total de seis y se encuentran en proceso de integración otras 18.

Asimismo, mencionó que suman un total de 37 los ex funcionarios que han sido señalados de irregularidades.

RENTA DE HELICOPTEROS

Entre las irregularidades que han sido denunciadas por la presente administración, destaca la relacionada con la renta de siete helicópteros en la presuntamente se gastó mil 200 millones de pesos.

Fue en octubre pasado cuando el Secretario de Seguridad, José Alfredo Ortega Reyes dio a conocer la existencia de un contrato por la renta de seis helicópteros y un avión sigiloso, para transporte de funcionarios, vigilancia aérea, búsqueda y rescate.

Explicó en ese entonces que dicho contrato fue firmado en 2015 con la empresa B3 Fly Services S.A. de C.V. por mil 227 millones 865 mil pesos.

De acuerdo con el secretario, dicha empresa se constituyó solo 14 días antes de que se le diera el contrato por adjudicación directa. El acuerdo incluía 50 horas de vuelo por aeronave, después de las cuales se pagaban cargos extra.

Además, en caso de robo, expropiación, daño o destrucción total de los helicópteros y el avión, el gobierno debía cubrir el costo total.

LOS CUARTELES

Otra irregularidad denunciada por el gobierno de Alfredo Ramírez, se refiere a la renta de siete inmuebles utilizados como cuarteles regionales para la Policía Estatal y por lo cual se pagó 5 mil 186 millones de pesos.

En este caso se detalló que, en estos espacios ubicados en Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan, Huetamo y Apatzingán, fueron construidos inmuebles de ínfima calidad para los uniformados y casas de gobierno equipadas con helipuerto, dos recamaras, sala, baño, jardín, palapas y hasta asador.