Morelia, Mich. (Agencia Informativa de México).- Luego de que a partir del pasado miércoles entró en vigor el decreto para la regularización de los autos americanos en 10 estados del país, entre ellos, Michoacán, el diputado federal de Acción Nacional, Carlos Quintana Martínez, informó que respaldará a la Asociación Michoacana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), para presentar los amparos que sean necesarios, ante las pérdidas económicas y de empleos que pudieran registrarse con la medida del ejecutivo federal.

El diputado del distrito federal de Morelia, lamentó que el gobierno de Morena no haya tomado en cuenta las solicitudes de los representantes de la industria automotriz para publicar el decreto que establece que con un pago de dos mil 500 pesos se podrán regularizar, durante seis meses, los autos “chocolate”, por lo que se buscarán los mecanismos para apoyar al sector que ya padece los estragos por la pandemia del COVID19.

“De nueva cuenta vemos como el gobierno federal se niega a apoyar al comercio formal, quienes pagan impuestos y generan empleos, esta regularización afectará de manera importante la industria automotriz, que de por sí ya está afectada por la pandemia y ahora tendrá que enfrentar esta situación, por ello nosotros apoyaremos a los distribuidores para presentar los recursos legales que sean necesarios y podamos salir de esta difícil situación económica, es lamentable las decisiones de un gobierno insensible”, refirió.

Carlos Quintana exhortó al gobierno federal a sostener el diálogo y buscar una medida con la que no se afecte al sector en todo el país, luego de que se tiene previsto legalizar hasta dos millones de automóviles a nivel nacional, lo que pudiera generar una caída de hasta el 20 por ciento en las ventas en México.

Por ello, consideró importante que el gobierno estatal transparente el proceso de la regularización, así como el recurso recaudado de la legalización, el cual, de acuerdo al decreto federal, deberá destinarse a obras para Michoacán.

“Es una medida que nosotros votamos en contra en la Cámara de Diputados por las afectaciones económicas, sociales y ambientales que pudiera provocar, pero una vez que fue emitido deberá de transparentarse todo el proceso, así que las obras que habrán de realizarse con lo que se recaude en la entidad”, finalizó.