Reynosa, Tamaulipas. – El presidente de la Asociación Internacional de Derechos Humanos, Fortino López Balcázar, denunció la violación a los derechos humanos de migrantes extranjeros por parte de autoridades del Instituto Nacional de Migración (Inami) en Reynosa.

Explicó que tiene conocimiento de dos casos, una mujer y sus tres hijos quienes permanecen retenidos en la estación migratoria conocida como “El Puente” y el de cuatro adultos que permanecen en otra estación conocida como “La Cucaracha”.

En el caso de la mujer y sus hijos, dijo que fueron detenidos por agentes de Migración el pasado 1 de diciembre y desde esa fecha permanecen en las instalaciones del Inami, ubicadas en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, pese a que se trata de menores de edad.

"Los menores y su madre permanecen en dicho lugar, que no es un lugar adecuado para ellos, tan es así que la Ley de Migración claramente establece, sin lugar a duda que ningún menor de edad ni sus acompañantes, en este caso su madre, deben ser ni detenidos ni alojados ni presentados en ninguna estación migratoria, ni siquiera en el DIF Municipal", expuso.

Dijo que lo principal es que la obligación del Inami y sus representantes es que deben tomar cartas de inmediato, es decir, ponerlos en libertad, para lo cual hay un procedimiento que establece la Ley de Migración, que es la de darles salida por cuestiones humanitarias.

“Sin embargo, van aproximadamente quince días y las autoridades no se han pronunciado ni se les ha dado la libertad, es decir, que lo podemos traducir en un grave abuso en contra de menores migrantes en la estación migratoria, sin ser este el único caso. Cada que llegan menores migrantes es el mismo procedimiento", precisó.

López Balcázar destacó que viendo las condiciones en que permanece esta familia de migrantes guatemaltecos se procedió a solicitar un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito, pero el juez Juan Fernando Alvarado López determinó no concederles la libertad, sino dejar en manos del Inami dicha decisión.

Según el litigante, la determinación que tomó el juez Séptimo contrasta con la opinión del juez Octavo de Distrito, cuando se supone que ambas instituciones deben seguir el mismo criterio de defender la libertad y los derechos de las personas.

De acuerdo con la ley, el INM debió tomar nota de su condición migratoria y liberarlos el mismo día, sin embargo, ya van dos semanas y permanecen asegurados en la estación migratoria que más parece un centro de detención o un búnquer a prueba de fugas.

"Ni siquiera los dejan ver la luz del sol, están en condiciones infrahumanas", manifestó.

Detalló que la madre se llama Brenda Elizabeth, detenida con sus tres hijos menores, e indicó que el juicio de amparo que se promovió es el 1568/2021 ante el Juzgado Séptimo de Distrito.

"Le pedimos al juez de manera respetuosa que verdaderamente haga su trabajo, que verdaderamente proteja los derechos fundamentales de los migrantes, y no que armonice su criterio con el juez Octavo de Distrito, sino que norme su propio criterio protegiendo los derechos fundamentales, ya que la función del Juez de Distrito principalmente es proteger la libertad; no se está metiendo en cuestiones de migración, sino que es sobre la libertad", dijo.

El otro caso corresponde a un grupo de personas adultas, de origen  guatemaltecas, a quienes consideró que las autoridades de migración los están criminalizando.

"Al Instituto Nacional de Migración se solicitó su libertad desde el día dos de diciembre y hasta ahora no se tiene una respuesta. Es decir, que la libertad personal de los migrantes realmente al Instituto de Migración no le importa y llegamos al mismo tema. Tal pareciera que lo hacen con el objetivo de castigarlos, de amedrentarlos, de criminalizarlos por ser extranjeros, es decir, discriminarlos", puntualizó López Balcázar.