Colima, Colima. - Tras la revisión minuciosa que realizaron la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado y la Subsecretaría de Administración, del convenio con el que la pasada administración estatal buscó basificar a 229 trabajadoras y trabajadoras, se detectaron diversas irregularidades en el mismo, por lo que este día se dieron por terminadas las relaciones laborales de ese personal.

En rueda de prensa celebrada este viernes 10 de diciembre, Víctor Manuel Torrero Enríquez, subsecretario de Administración, indicó que esas acciones se emprendieron para restablecer la legalidad y darle una orientación adecuada y conforme a derecho a lo que representan las relaciones laborales que se tienen dentro del Gobierno del Estado de Colima.

“Concretamente, tenemos que informarles que desde la Subsecretaría de Administración se operaron el día de hoy 229 terminaciones de relaciones laborales de personal que había sido basificado por el gobierno anterior”, informó.

Dijo que esa decisión del gobierno anterior de basificar a 229 personas, presupuestalmente no tenía ningún soporte ni sustento, además de que el proceso a partir del cual fueron otorgadas estuvo plagado de vicios y de irregularidades, toda vez que las personas no reunían las condiciones, ni los requisitos para entrar en un esquema de basificación.

“Las personas que estuvieron en este esquema de basificación en su gran mayoría eran personas que estaban allegadas al gobierno anterior; y allegadas me refiero a situaciones incluso hasta de complicidades, situaciones de actos contrarios a lo que es el ejercicio del servicio público y en ese sentido no podíamos nosotros dejar pasar por alto esta situación”, declaró.

Indicó que, entre este personal, había 5 personas que no contaban ni con un año de antigüedad, 9 que apenas tenían un año, 13 con 2 años, 18 con 3 años, 20 personas con cuatro años y 28 con 5 años, cuando se tenía un gran espectro de personas que pudieron haber tenido más merecimientos por contar con una antigüedad mucho mayor.

“Y que simplemente no se les tomó en cuenta (…) en buena medida porque no formaban parte de ese grupo allegado a ese espectro del poder que anteriormente gobernó en nuestro estado; (la basificada) era gente que más bien tenía una relación de parentescos, había amiguismo, había compadrazgos, había diversas situaciones que no eran las que se deben de tomar en cuenta para otorgar una base a una trabajadora o a un trabajador”, sentenció.

Roberto Rubio Torres, titular de la Consejería Jurídica, aclaró que esa decisión no se trataba de una cacería de brujas, pues eran temas que de manera ordinaria la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos les obliga a cumplir, con honestidad, eficacia y eficiencia las actividades de servicio público.

“Y por lo tanto, estamos comprometidos a que se haga una revisión exhaustiva de todas las áreas en las cuales esta administración es parte”, apuntó.

Detalló que este mismo día, se presentaron tres denuncias, una de ellas ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, en la cual se está denunciando a titulares de secretarías y de Organismos Públicos Descentralizados y a la persona ex titular del Poder Ejecutivo en la administración anterior.

Lo anterior, dijo, por presuntos actos que pueden ser considerados como delitos relacionados con hechos de corrupción, en el tema de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, falsedad de los servidores públicos, tráfico de influencias y los que más resulten derivados de la investigación ante dicha Fiscalía.