Ciudad de México, (Agencia Informativa de México).- El presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la república, Julio Menchaca Salazar, presentó la iniciativa para expedir el Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares, con el cual se busca que la resolución de conflictos comunes sea más sencilla y expedita, se trata de una revolución de la justicia familiar y civil, al ser una de las reformas más importantes en los últimos 30 años, pues va a la vanguardia jurídica del siglo XXI.

El Senador hidalguense destacó que es una adhesión a la reforma que se presentó en el 2017 a dicho código, y se realizó con apoyo de la Comisión Nacional de Tribunales (Conatrib), donde están representadas todas las entidades del país. Con esta iniciativa se busca establecer procedimientos homologados y que tengan criterios uniformes en todo el país, para que se resuelvan pronto los conflictos más frecuentes de la ciudadanía.

De acuerdo con Menchaca Salazar, esta modificación es necesaria para eliminar los obstáculos que se generan debido a la diversidad de normas en los códigos procesales de cada uno de los estados de la República, con estas modificaciones, dejarían de existir diferencias y contradicciones entre reglas, plazos, términos, criterios y sentencias en relación a un mismo procedimiento o conflicto.

El nuevo Código busca que el sistema de justicia civil y familiar sea más rápido, claro, simplificado y menos costoso, para evitar que los procesos sean largos y sin resultados satisfactorios para la población.

Según el legislador, con esta iniciativa se busca que la justicia cotidiana resuelva conflictos cotidianos, al atender los problemas más frecuentes de las personas y hacer que la justicia sea más sencilla, pronta y cercana, para lo que además es necesario contar con instituciones fortalecidas,
procedimientos homologados y criterios uniformes.

Por lo tanto, la iniciativa pretende lograr condiciones de igualdad entre las personas justiciables para que no haya discriminación; así como procedimientos y mecanismos judiciales orales, sencillos y efectivos para resolver conflictos y lograr el cumplimiento de sentencias y convenios, así como criterios jurídicos que garanticen mayor protección a los derechos humanos.