Comunidades chiapanecas buscan formalizar su inclusión a Oaxaca
Oaxaca, Oax. (Agencia Informativa de México).- Por lo menos dos comunidades chiapanecas han manifestado su interés en incorporarse a territorio oaxaqueño de manera formal, esto, tras el fallo de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó la invasión de terrenos de Santa María y San Miguel Chimalapa en Oaxaca
Miguel Ángel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas informó que habitantes de Cal y Mayor, fueron los primeros en manifestarse a favor del diálogo con la asamblea de habitantes de Santa María Chimalapa, así como con los gobiernos de Oaxaca y de México.
Otras congregaciones comunales como La Libertad (tsotsiles), asentada en la zona de conflicto entre Oaxaca y Chiapas tienen también interés en dialogar con el gobierno de Oaxaca, afirmó.
Explicó que, con su reciente sentencia, que restituye los límites históricos entre Oaxaca y Chiapas, la SCJN puso fin a una historia de más de 70 años de agravios entre habitantes de la zona.
El máximo tribunal constitucional del país determinó que la línea limítrofe entre ambas entidades inicia en la Barra de Tonalá, en dirección noroeste hasta el cerro del Chilillo, después con dirección noroeste hacia el cerro de La Jineta y, por último, con rumbo noroeste, hasta el Cerro Los Martínez.
Esta conclusión está basada en una prueba fundamental en geografía y cartografía sobre los puntos limítrofes que regían desde 1549 en la Nueva España y en La Capitanía General de Guatemala y que ahora integran la frontera entre Oaxaca y Chiapas.
Los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, expresaron por separado que privilegiará el diálogo para ejecutar la sentencia del máximo tribunal de justicia del país, con la finalidad de garantizar la paz y la estabilidad entre las comunidades colindantes de ambas entidades.
En este sentido, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, urgió a la Secretaría de Gobernación, establecer una mesa de trabajo ante las amenazas del supuesto grupo armado, que le apuesta al estallido social.
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