Colima, Colima.- Tras denunciar irregularidades en el uso de recursos durante la pasada administración, la gobernadora Indira Vizcaíno advirtió que no habrá impunidad.

No obstante, Vizcaíno Silva mencionó que su gobierno tendrá que cuidar el debido proceso, por lo que se están integrando los expedientes necesarios de todas esas irregularidades detectadas, para presentar las denuncias ante las instancias correspondientes.

Aclaró que para evitar dañar el debido proceso de las posibles denuncias, se evitará dar nombres de funcionarios, empresas y cifras específicas, pero que tal como fue su compromiso, seguirá informando de manera puntual a la sociedad colimense de cómo se recibió el gobierno estatal.

“De parte del Gobierno del Estado no habrá impunidad; nosotros haremos todo lo que nos corresponda hasta entregarlo a las autoridades y como lo dijo nuestro presidente y lo compartimos, queremos justicia no venganza, no vamos a inventar, no vamos a hacer cacería de brujas pero sí vamos a exigir que haya justicia para las y los colimenses”, reiteró.

La Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Fabiola Verduzco Aparicio, dijo que al revisar el uso de los 500 millones de pesos del crédito solicitado por la pasada administración para el C5i, solamente se utilizaron alrededor de 140 millones para ese fin, mientras que el resto ha sido para rubros no etiquetados en la autorización del Congreso del Estado.

Y es que de acuerdo a lo dicho por la funcionaria, esos recursos fueron utilizados para cubrir apoyos, pagos de deuda, impuestos y nómina, obra pública, pago a proveedores, reintegros, pagos del Sector Salud, entre otros rubros; en tanto que otros 3.5 millones de pesos no se ha identificado a qué se destinaron.

“Esto quiere decir que se entiende que se desvió ese recurso para acciones distintas para lo que fue contratado este recurso (…) se están haciendo las gestiones con las autoridades competentes para que hagan los hallazgos y las denuncias”, indicó.

En su oportunidad, el Subsecretario de Administración, Víctor Manuel Torrero Enríquez, informó que la administración anterior contrató de manera reiterada a distintas empresas y despachos, cuya función era ayudarles a eliminar las observaciones que hacía la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el uso de los recursos.

Manifestó que de no haberse aplicado este esquema y si la auditoría hubiera profundizado en sus procedimientos seguramente desde mucho antes se hubiera podido evitar el desastre financiero que dejó el gobierno anterior.

Señaló que ese esquema se reprodujo principalmente para las cuentas públicas de los ejercicios fiscales de 2016, 2017 y 2018, en los que se contrataron montos significativos y que no tenían razón de ser, toda vez que existe una Contraloría General del Estado que es la que se debe de encargar de atender este tipo de situaciones.

Al dar los detalles de lo encontrado en la Secretaría de Salud, la titular de la misma, Martha Janeth Espinosa Mejía expuso que de los 611 millones autorizados en 2021, el gobierno de la pasada administración solo radicó alrededor de 490 millones, quedando pendiente de radicar más de 100 millones.

En esa misma dependencia se encontraron adeudos en los ejercicios fiscales del 2012 al 2020 por montos de más de 630 millones de pesos por conceptos como proveedores, juicios mercantiles, laudos y pagos de obligaciones derivadas a servicios personales. Y al cierre del ejercicio fiscal 2021 existen compromisos presupuestales por casi 500 millones de pesos.

Indicó que se percataron del otorgamiento de algunos bonos extraordinarios sin justificación de forma quincenal, con importes que van de los 500 a los 17 mil pesos, sumando un total de más de 50 mil pesos por quincena.

Añadió que la Secretaría de Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación y la Contraloría General de Estado, han detectado montos pendientes por solventar de las cuentas públicas de los ejercicios fiscales de 2016 a 2021 por más de 264 millones de pesos, que de no solventarse podrían generar un reintegro de recursos no viable.

Por su parte, la Contralora General del Estado, Isela Uribe Alvarado, explicó que una vez que se reciban los reportes de todas las posibles irregularidades que se detecten en cada dependencia, se llevarán a cabo los procesos de investigación y en caso de encontrar irregularidades se resolverá y se sancionará de acuerdo a lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Y recordó que para los casos y faltas de tipo administrativo quienes hayan incurrido en alguna de éstas podría aplicarse desde apercibimiento público, amonestación pública o privada, suspensión del encargo o comisión, destitución temporal o definitiva del puesto y hasta la sanción económica.

“En caso de que derivado de los procesos de investigación se encontraran irregularidades mayores de tipo graves será a través de la Contraloría donde tendrá la facultad para presentar las denuncias correspondientes ante el órgano jurisdiccional que es la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y serán ellos quienes emitirán sanciones por delitos de tipos penales”, comentó.