Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En Tamaulipas el delito por incumplimiento del pago de pensión alimenticia ha registrado un incremento considerable en comparación al 2020, al acumular hasta septiembre mil 272 denuncias contra padres de familia, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El año pasado se abrió un total de mil 478 carpetas de investigación, contra hombres y mujeres que no cumplieron con sus responsabilidades alimentarias.

De acuerdo con la incidencia delictiva de este año, se prevé que esa cifra se supere al cierre del año, ya que, en los meses de octubre, noviembre, y diciembre, es cuando se disparan estas denuncias.

Por su parte, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Cárdenas Castillejos, informó que es la capital del Estado el municipio que acumula el mayor número de denuncias por falta de pensión alimenticia en el último trimestre del año, con 148 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado.

Le siguen de cerca Matamoros con 77, y Reynosa con 50 padres de familia investigados por incumplir con sus responsabilidades.

“El abandono de obligaciones alimentarias está tipificado como delito de incidencia mayor en Tamaulipas”, dijo.

En Tamaulipas, ser deudor alimentario se castiga con nueve años de cárcel.

De acuerdo con la última reforma a los artículos 296 y 297 del Código Penal en Tamaulipas, se castigará con nueve años de cárcel a los padres que no paguen su pensión alimenticia, y será acreedores a una multa de hasta 200 Umas, equivalente a 17 mil 924 pesos, y aumentará a 26 mil 886 si renuncia a su empleo para no pagar la pensión.

El artículo 296, expone:

“Al responsable del delito de abandono de obligaciones alimenticias se le impondrá una sanción de un año a seis años de prisión, y multa de hasta 200 veces la Unidad de Medida y Actualización, privación de derechos relativos a la familia y entrega de las cantidades que no fueron oportunamente suministradas a la familia”.

Mientras que el 297 a la letra dice:

“La sanción establecida en el artículo anterior, se aumentará hasta en una mitad al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia o renuncie a su empleo, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina para sus hijos o cónyuge, igualmente cuando les prive de los beneficios de atención médica, hospitalaria y medicinas a que tengan derecho con motivo de la realización de trabajo del obligado”.