Ciudad de México. - Tras la muerte de un migrante cubano, por disparos de la Guardia Nacional, donde también hirieron a otras personas, la madrugada del 31 de octubre pasado en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, la ONU lamentó los hechos y demandó una investigación por parte de autoridades mexicanas. 

A través de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones en México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró vital que se investigue y se haga rendir cuentas a los responsables. 

Las dos agencias de la ONU subrayaron que es “esencial” que haya “una investigación pronta y efectiva” que “establezca la responsabilidad e impida la impunidad” por estas acciones “reñidas con la ley”. 

Según informaciones de prensa, la Guardia Nacional informó el lunes anterior de que agentes dispararon contra un vehículo en el que viajaban migrantes, lo que dejó varios heridos y un muerto. 

Organizaciones de la sociedad civil que acompañan a la caravana migrante que cruza estos días territorio mexicano, compuesta por unas cinco mil personas, aseguraron que el fallecido, un hombre cubano, formaba parte de ese grupo, aunque este punto no ha sido confirmado por las autoridades. 

ONU Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones recordaron que la actuación de la policía debe estar siempre alineada con los “estándares internacionales de absoluta necesidad y precaución/prevención en el uso de la fuerza y armas de fuego”. 

“La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración deberían implementar acciones inmediatas para prevenir este tipo de hechos, como transparentar los informes de uso de la fuerza y órdenes operativas a los elementos policiales”, dijeron en un comunicado. 

Este caso, añadieron, “reafirma la importancia de garantizar que los derechos humanos se encuentren en el centro de toda gestión gubernamental de la migración” y piden que se garantice a las víctimas y sus familiares “sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición”. 

En otro comunicado, la Organización Internacional para las Migraciones consideró que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de poner fin a los Protocolos de Protección de los Migrantes, que obligan a los solicitantes de asilo a permanecer en México, es “un paso en la dirección correcta”. 

La política de los protocolos “pone en riesgo a las personas que se encuentran en la frontera y buscan ingresar a los Estados Unidos para solicitar asilo”, dijo Michele Klein Solomon, directora regional de la agencia de la ONU para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. 

“La OIM apoya el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de perseguir el cese definitivo de esa política”, dijo. 

Los Protocolos de Protección al Migrante se iniciaron en enero de 2019 bajo la anterior administración estadounidense presidida por Donald Trump y obligaron a más de 70 mil solicitantes de asilo, la mayoría de ellos de origen centroamericano, a permanecer en México hasta que los tribunales de inmigración de Estados Unidos pudieran resolver sus casos. 

Las personas sujetas a esos Protocolos, entre las que se encontraban muchos niños y adolescentes, esperaron durante meses en albergues y campamentos improvisados en México sin acceso a condiciones adecuadas de alojamiento, higiene y alimentación, ni a servicios apropiados de salud o educación; algunos se enfrentaron a abusos, explotación e incluso secuestros. 

“Esta situación no debe repetirse”, subrayó la directora regional.  Según la Organización, que ha proporcionado asistencia a los que esperaban en la frontera, esta política ha puesto en peligro a miles de personas.