Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas negó, a través de un comunicado, que la Dirección de Servicios Periciales estaba autorizada para realizar cobros por peritajes y otros servicios públicos para abrir una carpeta de investigación para las víctimas.

En el escrito, la dependencia asegura que los señalamientos mediáticos por parte de grupos sociales fueron a causa de “inadecuadas interpretaciones”.

Por lo anterior, acusa a la Federación de Asociaciones de Abogados de Tamaulipas A.C. y las bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, de malinterpretar las modificaciones a los artículos 59, 60 y 61 de la Ley de Hacienda del Estado, sobre los cobros por derechos por servicios que ofrece la Fiscalía.

“Los derechos previstos en el artículo 59 fracción XI de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, no afectan de manera alguna el patrimonio de las víctimas del delito, contrario a lo señalado por diversos actores de la sociedad”, se lee en el comunicado.

Entre esos servicios se preveían cobros por expedición de copias simples, certificadas o autenticadas de averiguaciones previas, carpetas de investigación, expedientes de procedimientos administrativos, emisión de dictámenes periciales, prueba de paternidad y prueba para determinar perfiles genéticos.

Más adelante señala que las reformas a la Ley de Hacienda eran un tipo de candado contra las presuntas irregularidades de uso frecuente, “con propósitos personales o legales” de los servicios antes mencionados, a la hora de investigar los delitos denunciados.

“Por lo que la aplicación de los referidos cobros de derechos siempre fue entendida así por esta Fiscalía General, única y exclusivamente cuando se solicite un servicio para utilizarse en asuntos diversos o ajenos a la integración de una averiguación previa, carpeta de investigación o proceso penal, evitando las prácticas añejas que afectan los intereses del Servicio Público”, precisa la misiva.