Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Tamaulipas pretende crear con su propio Registro de Deudores Alimentarios Morosos para los padres de familia que no pasen sus pensiones en tres meses, y obligarlos a cumplir sus responsabilidades con los hijos de sus exparejas, a propuesta de la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Cárdenas Castillejos.

La iniciativa fue presentada este miércoles en el Pleno, la cual prevé agregar la Fracción III al Artículo 71 de la Ley de los Derechos de los Niñas, Niños, y Adolescentes; y adicionar la Fracción X al Artículo 9 de la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil del Estado.

Con las modificaciones, se planea que Tamaulipas cuente con un registro de los deudores alimentarios, que han sido obligados por las autoridades judiciales a pagar sus responsabilidades.

“Esta iniciativa pretende que el Estado garantice que los deudores alimentistas cumplan con sus obligaciones, y que los acreedores puedan desarrollarse de manera integral conforme a sus necesidades, y atendiendo a las particularidades de cada caso”, dijo.

Asimismo, las reformas al Artículo 286 del Código Civil Estatal prevén que las personas que incumplan con su pago de pensión alimenticia por un periodo de 90 días, consecutivos o no, se les anexará en Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2020 se registraron cuatro mil 552 divorcios en Tamaulipas, siendo Nuevo Laredo, Altamira, y Reynosa los municipios que registraron la mayor cifra.

“Esta situación históricamente ha afectado a las mujeres, sin embargo, en la práctica se ha hecho notorio que afecta sobre todo a los hijos, puesto que una vez que un juez define cuál progenitor ostentará la custodia, también procede a definir la pensión alimenticia que sea otorgado a estos”, señaló.

Agregó que en muchas ocasiones los deudores evaden su responsabilidad de dotar de alimentos a sus hijos:

“Los deudores alimentistas evaden esta responsabilidad utilizando estrategias que le impiden a la autoridad conocer sus ingresos reales y bienes que poseen, con el fin que no se pueda determinar un monto determinado, o definiéndose éste resulte inoperante, porque el deudor ha demostrado no tener ingresos o bien con lo que se pueda garantizar el cumplimiento de la carga alimentista”.