A raíz de las modificaciones legales, que desde el año 1992 se venía imperando en el sector energético y eléctrico nacional, en nuestro país se daba un impulso hacia la modernización del sector en cuanto la eficiencia, priorización de fuentes más baratas, impulso de energía renovables sobre las no renovables, apertura al sector privado en convivencia con el público representado por la Comisión Federal Electricidad (CFE), a la par de alinear a todo el sector con las tendencias mundiales de producción, distribución y consumo eléctrico, que desde hace más de 10 años impera alineado al respeto absoluto del medio ambiente que privilegia el consumo de renovables contra los no renovables como es el uso de carbón y el combustóleo.

En esa distinción, ahora mostrando las contrarreformas que desde el arranque de la Cuarta Transformación viene anunciando en la práctica, este viernes el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presentó su iniciativa eléctrica aquí comentada, dando forma en los cambios legales, a lo que en la práctica ya venía presionando para buscar que sus plantas generadoras eléctricas fueran privilegiadas sobre las plantas del sector privado estaban compitiendo con uso de fuentes limpias como la solar, la eólica y las de ciclo combinado. Todo lo que realmente busca la CFE, es dar cabida a aprovechar sus remanentes de petróleo pesado y combustóleo, así como usar intensivamente al carbón mineral como fuentes principales generadoras, mismas que son mucho más caras y contaminantes que las eólicas y solares.

Concretamente, la contrareforma constitucional en materia de electricidad, que deberá ser aprobada por mayoría calificada de las 2 terceras partes del Congreso, buscará deshacer la mayoría de los cambios hechos desde 1992 para permitir la participación privada. Esto significa que el gobierno de la 4T buscará por todos los medios, coptar el voto de la bancada del PRI, teniendo de su lado el voto cautivo de Morena y PT, y en contrario ya manifiesto del PAN, PRD y MC.

Este viernes los representantes del PRI en contraparte de los del PAN, PRD y MC, comentaron que van a estudiar la reforma indicada, dando entender con ello que pudieran aprobarla mostrando una posible sumisión a la 4T, la vuelta al llamado PRIMOR mexicano.

Con estas señales, Manuel Bartlett, director de la CFE, se ha convertido en el personaje más cercano al presidente en cuanto a política energética.

La reforma constitucional en materia de electricidad dada a conocer este viernes da un giro de 180 grados a la dinámica del mercado eléctrico.

La iniciativa busca contrarrestar todos los cambios hechos para permitir la apertura del sector privado desde hace casi 30 años y el común denominador de las modificaciones, hechas a los tres artículos constitucionales y nueve transitorios, es la concentración del poder del mercado eléctrico en la estatal CFE.

En la práctica ya sucedía, la empresa eléctrica nacional ya realizaba peticiones a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) –que en teoría debía regular a la empresa como cualquier otro participante–, diseñaba la política energética en conjunto con la Secretaría de Energía (SE) e intentaba modificar la forma en que se utilizaba la electricidad, para privilegiar el uso de la generada en sus centrales.

Pero la reforma, que necesitará la aprobación de dos terceras de ambas cámaras, busca elevar a nivel constitucional el papel protagónico que ya desempeña la CFE desde el inicio de este sexenio.

Este escenario además, en caso de ganarse el voto de las bancadas priistas, se vería nuevamente supeditado a pasar a la decisión final de la propia Suprema Corte de Justicia (SCJ), al esperarse una lluvia de amparos por parte de los participantes de las empresas energéticas del sector privado nacional e Internacional que vienen invirtiendo en México desde esa época amparados por los cambios que a nivel mundial y en consonancia con el medio ambiente se dan, también se esperar fuertes presiones por los gobiernos de los países representados por dichas compañías, particularmente por los Estados Unidos, España y Francia.

Finalmente, el gobierno obradorista vuelve a amenazar a sus socios comerciales del Tratado de Libre Comercio T-MEC, que funda entre sus principales articulados el uso de las energías limpias y renovables, así como las organizaciones mundiales del sector energético.

Estaremos de nuevo ante la constante polarización de este gobierno que busca sin duda, que las empresas nacionales y extranjeras dejen de invertir en nuestro país, esto en plena crisis económica y política de las dos empresas paraestatales que buscan nuevamente el monopolio energético de la época de los años 70. Veremos y diremos de que esta hecho el PRI, si realmente es un partido de oposición, o si es lo que todos sospechan, el partido que desde la entrega del poder de Enrique Peña Nieto mostró al favorecer a este gobierno en la vuelta de la agenda del pasado...

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.