De acuerdo al último censo multianual sobre la percepción de la corrupción de los empresarios hacia entidades gubernamentales del INEGI (2016-2020), esta disminuyó en forma importante.

Cabe resaltar que este hecho positivo impacta favorablemente en la economía nacional y en el índice de confianza empresarial, no obstante los expertos consideran que el reconocimiento de este avance aún se considera muy bajo contra la todavía percepción negativa y comparado con otras economías del grupo de la OCDE al que pertenece México.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) del INEGI, en 2020 el 71.5 por ciento de las unidades económicas en el país consideró que los actos de corrupción eran frecuentes, cifra inferior al 82.2 por ciento de 2016.

Los datos indican que el número de empresas que percibieron muy frecuentes y frecuentes los actos de corrupción fueron 2.9 millones en 2020, en comparación con los 3.7 millones de 2016.

En general, el costo de estos actos de corrupción representaron un total de 887.2 millones de pesos durante el año pasado. Es decir, que por unidad económica, el costo promedio por actos de corrupción fue de 7 mil 419 pesos.

Sobre el nivel de confianza de las empresas en distintas instituciones, la peor percepción fue hacia la policía, donde el 65.3 por ciento percibió algo o mucha desconfianza; le siguieron los partidos políticos, con 60.8 por ciento y el Ministerio Público, con 47.7 por ciento.

Sin embargo, aumentó la confianza en general, en todas las instituciones: en la policía aumentó de 32.1 a 34.2 por ciento, entre 2016 y 2020; en los partidos políticos subió de 19.5 a 34 por ciento, y en la Cámara de Diputados subió de 20.4 a 46.3.

Un experto del tema, Pablo Montes, coordinador de anticorrupción para Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), opina que “Sí hay una disminución en cuanto a la percepción de la corrupción, pero los datos siguen siendo muy altos. El mayor problema son los trámites, que son percibidos como un freno para las empresas y muchas veces tienen que recurrir a participar en estos sistemas de corrupción para agilizar el papeleo”.

Además, es importante considerar los diversos factores que influyeron para este menor impacto de la corrupción del sector público, entendiendo los efectos que operaron por la caída y cierre de la economía en las actividades no esenciales y muchas incluso esenciales, motivadas por la pandemia del Covid-19.

Para ello otro experto, Ricardo Alvarado Andalón, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, expone que:
Hay factores que pudieron influir en la reducción de la corrupción como “la pandemia y el avance tecnológico, los trámites que hicieron las empresas a través de Internet aumentaron, disminuyendo la posibilidad de corromper algún trámite dado que no se vio involucrado un funcionario público que puedo haber cometido una acción de corrupción”.

También agregó que "Esta reducción de la corrupción tiene que ver, por un lado, al incremento de la confianza de las empresas con los diferentes tipos de gobierno federal, estatal y municipal; y eso se vio reflejado en la frecuencia de actos de corrupción”.

Fuente: Datos citados por Cristian Téllez. Periódico El Financiero.  Agosto 25, 2021.

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.