Este martes 10 de agosto el columnista de El Heraldo, Fausto Barajas, publicó un interesante artículo que aborda la caída de la Inversión Pública en Infraestructura, y la opción de la misma Inversión Pública, pero de los gobiernos locales estatales (12 gobernadores) y municipales (2,500 municipios), con el fin de volver a impulsar el desarrollo económico perdido desde 2018 con este gobierno federal.

Sin embargo, aquí citaré mis opiniones sobre lo inviable de este planteamiento, que en principio sería correcto si nos encontráramos que los presupuestos públicos de los gobiernos locales dispongan de finanzas sanas y suficientes para invertir en obras públicas de infraestructura detonantes del desarrollo. Pero sabemos que la mayoría de dichas entidades se encuentran con déficit operativo, incluso gobiernos como el de Colima acaban de anunciar que ya no tienen fondos para el pago de nóminas de servidores públicos en los últimos 3 meses.

Sabemos que el gobierno de la 4T inició desde diciembre del 2018, con una abierta política de austeridad, que arrancó cerrando gran parte de fondos y fideicomisos públicos, así como contraer los gastos de la mayoría de programas siendo estos centralizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A esta política se le bautizó como 'austericidio'.

Posteriormente, en el siguiente presupuesto autorizado del año 2020 y 2021, siguieron los recortes a la mayoría de programas estratégicos dejando como prioridades las cuatro obras 'insignia' de la 4T, a saber: Tren Maya, Aeropuerto Santa Lucía, Refinería Dos Bocas y Corredor del Istmo.

Por otra parte, se que dio prioridad a los programas sociales 'asistenciales', como Jóvenes Construyendo el Futuro, Adulto Mayor y Sembrando Vida, entre otros menos, abandonando muchos programas estratégicos productivos del campo, economía, vivienda y salud pública.

A lo anterior, trascendieron los recortes sufridos a las finanzas presupuestales de los estados y municipios. Dando prioridad a las propuestas de fortalecimiento de la Guardia Nacional, por encima incluso del INSABI y programas de vacunación, hospitalarios y compra de insumos, equipos médicos y medicamentos, como el sonado caso de 'escasez de medicinas contra el cáncer de niños'.

De acuerdo a lo publicado en El Heraldo, [...] Según la Edición 'Government at a Glance 2021' de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubicó como el país con menor inversión pública en 2019, al registrar sólo 1.3 por ciento de su PIB, incluso debajo de países como Colombia, con 3.5 por ciento y Chile, con 2.0 por ciento; muy lejos de los tres líderes: Hungría, Noruega y Corea, con 6.3, 6.0 y 5.4 por ciento, respectivamente.

México está rezagado en infraestructura, por lo que es imperativo que aumente su nivel de inversión pública y detone la privada. Es algo alcanzable con el compromiso de los gobernantes porque ya sucedió hace poco más de una década cuando el país invertía a niveles de 5.0 por ciento del PIB.

Sin embargo, los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) realizada por el Inegi revelan que la inversión pública está pasando por una crisis profunda.

Los primeros cinco meses de los años 2019, 2020 y 2021 han tenido la menor inversión del sector público desde que tiene registro la ENEC. El nivel de inversión en enero-mayo de 2021 se ubica en 72 mil 900 millones de pesos, que contrasta con el máximo registrado en el mismo periodo de 2012, con 127 mil 400 millones de pesos constantes.

La inversión contratada por el sector público hace casi una década era 75 por ciento superior a la actual, pese a que el presupuesto global del gobierno federal pasó de 3.7 billones de pesos en 2012, a 6.3 billones en 2021.

El gobierno federal perdió la oportunidad de convertirse en impulsor de la recuperación, al recortar la inversión en infraestructura en medio de la crisis que inició en 2019 y que con la pandemia se profundizó.

De 2009 a 2012, el gobierno jugó un papel clave en la recuperación, al ubicarse como principal contratante de construcción de infraestructura con más de 50 por ciento del total registrado por la ENEC; en 2019-2021 sólo ha contratado entre 38 y 46 por ciento.

Tres años de bajas inversiones del gobierno federal dejan en claro que la economía no puede fincar sus esperanzas en él y tienen que ser los gobiernos estatales y municipales los que se conviertan en los impulsores de la inversión, con recursos puramente públicos o con Asociaciones Público-Privadas (APP) [...] Fin de la cita El Heraldo.

Aquí es donde retomo mis comentarios, sobre si bien las inversiones públicas en infraestructura, no solo se concentran en el sector federal, dando apertura a los estados y municipios, en esta ocasión dichas entidades 'están acotadas por el gobierno federal actual'.

La opción más viable y alternativa, ante dicha circunstancia grave de 'austeridad presupuestaria', se debe más bien canalizar en la contraparte de 'inversiones en infraestructura por el sector privado'.

Sabemos que desde el 2019, los empresarios encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han estado planteando un 'Programa Nacional de Infraestructura', y que el mismo no ha terminado de madurar y despegar definitivamente. 

Aquí es donde se debe insistir en buscar para el presupuesto público del ejercicio 2022, un impulso a dichos programas públicos y privados. El gobierno federal de la 4T debe dar el primer paso y poner el ejemplo, abriendo la cartera a dichos proyectos y no solo seguir los 'caprichos de las cuatro obras cumbre del mismo gobierno federal'. Dichos programas además deben ser democratizados y abiertos a todas las regiones del centro y sur del país. Ahora se centralizan en el sureste.

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (PNI):

De hecho, el pasado 11 de junio trascendió por fin, después de seis meses de incertidumbre, que ya se darían a conocer las obras de infraestructura conjuntas del mencionado PNI.

Después de la citada incertidumbre, el Gobierno mexicano declaró está listo para presentar el tercer paquete de proyectos bajo el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2020-2024, al tiempo que entrega información sobre el avance de las dos primeras fases.

"Ese tercer paquete de infraestructura se va a dar a conocer pronto en Palacio Nacional, llegamos a ese acuerdo", dijo a la prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de salir de una reunión con dirigentes empresariales de México. Se aclara que al día de hoy sigue pendiente de conocer esa tercera etapa. 

“Se reafirmó el deseo, la voluntad de trabajar juntos, de promover la inversión privada que es fundamental, no se puede desarrollar el país solo con inversión pública, se requiere de la inversión privada y se llegó a un muy acuerdo. Fue una reunión amistosa, no hubo ninguna diferencia, ninguna confrontación”, señaló.

COMENTARIO FINAL:

Esta última afirmación, nos muestra claramente el grave retraso y la falta de coordinación y comunicación que incluso este gobierno tiene con la iniciativa privada. Esto por que en junio no se signaron en invitar a la presentación al presidente del CCE, Carlos Salazar, siendo el principal impulsor del PNI desde su arranque. 

No solo no se abre la cartera pública, sino, además, se entorpecen los proyectos que los empresarios preparan y que cada día son menos de los que en 2019 y 2020 se anticipaban proponer.

Entonces, ¿Se podrá impulsar o no el desarrollo, con solo las inversiones públicas en infraestructura de la federación estados y municipios? 

¿Se requerirá o no de una mayor comunicación y confianza entre la iniciativa privada y el gobierno federal de la 4T?

En 2022 ante la caída registrada entre 2019 y 2020 y el insuficiente crecimiento del PIB en 2021, ¿Se dispondrá o no de un mayor presupuesto público para estados y municipios?

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.