A partir de marzo del 2021, la administración estatal de Tamaulipas ha venido sufriendo embates tanto mediáticos como jurídicos, encabezados por la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente replicados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La expresión principal de los embates, se vino a extremar ante la solicitud de desafuero contra la figura principal del ejecutivo estatal, motivado inicialmente por tres supuestos delitos. Al final, los tamaulipecos supimos que de tres delitos, se centraron en uno solo atribuido a una supuesta defraudación fiscal por la compraventa de un departamento en la CdMx.

Este tema, hoy día se encuentra juzgado por el propio congreso estatal cuando no se dio a lugar la homologación del proceso de desafuero ordenado por la cámara de diputados federal, bajo las atribuciones constitucionales en favor de las decisiones del congreso local. La última palabra la tiene la SCJN.

Más recientemente, la autoridad federal enfiló sus baterías, ahora contra la administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por lo que a principios de este mes de julio, trascendió una investigación contra el secretario de Administración de dicha institución.

Por lo citado, no es nuestra postura acusar o defender tanto al estado como a la propia universidad. Lo que nos llama poderosamente la atención, es la reincidencia de algunas autoridades federales sobre asuntos regionales de estados opositores como Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Coahuila, entre otras entidades.

Particularmente, desde el 1 de julio la UIF divulgó por medios informales como el Twitter, que se venía una investigación contra la administración de la UAT.

Particularmente se difundió que, en los últimos dos años la Universidad Autónoma de Tamaulipas habría desviado casi 450 millones de pesos provenientes de recursos estatales y federales hacia una red de empresas fantasma, a través de un mecanismo fraudulento similar al utilizado en el esquema de desvíos conocido como “La Estafa Maestra”.

Lo anterior lo señaló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, anunciando que el 6 de julio presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR en contra de cinco funcionarios de la universidad.

Las reacciones ante lo expresado por la UIF no se dejaron esperar, por lo que se dio a conocer un comunicado oficial de prensa de la UAT, declarando que:

[...] “La institución niega rotundamente estar implicada en el presunto desvío de recursos en operaciones financieras”, han declarado.

Además, han asegurado que no existe ninguna notificación oficial al respecto, pero que quedan a disposición de las autoridades.

“La Universidad como entidad pública mantiene una política de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal que es auditada y fiscalizada de manera permanente por organismos externos” [...]

Por otro lado, el gobernador de Tamaulipas también ha denunciado en sus redes sociales, que la denuncia de la UIF contra el secretario de Administración de la UAT, se sustenta en:

“Mentiras, difamaciones y la persecución política” que hay contra él. “Ya no saben qué inventar”, ha escrito en Twitter Cabeza de Vaca, quien ha puntualizado que seguirá ejerciendo su cargo pese a las denuncias de las autoridades...

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.