Tampico, Tamaulipas. - La idea de crear por parte del gobierno de México una empresa paraestatal de distribución de gas en el país resultará en una mala estrategia económica, pues la medida es anticompetitiva e ineficaz, ya que no frenará el incremento de precios del carburante, declaró el presidente del Centro Empresarial de Tampico (CET), Gabriel de Ibarra Elizondo.

Agregó que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no avala la formación de un ente económico de este tipo, ya que limitaría aún más la participación y operación de las compañías gaseras en todo México, sin ofrecer una solución real a la constante escalada de precios que se definen a nivel internacional. 

"Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana estamos a favor que los ciudadanos cuenten con los mejores servicios y al mejor precio; consideramos que de concretarse esta medida incrementarían las restricciones, y no ofrecería una solución real a la escalada de precios del carburante", precisó. 

Y añadió;

"La propuesta de crear una empresa para distribuir gas licuado de petróleo (LP) a un precio menor del que se oferta en el mercado es violatoria del principio de igualdad que debe regir entre los participantes del sector energético; el Gobierno de México debe tener claro que toda vez que en nuestro país únicamente se produce el 38 por ciento del gas que consumimos, en tanto que el 62% se importa, (pues) Petróleos Mexicanos no tiene la capacidad para producir la cantidad necesaria para satisfacer el consumo nacional".

En este punto, la Coparmex Sur de Tamaulipas planteó que una solución sería fomentar la producción nacional, aprovechar las reservas de gas del país y posibilitar que más empresas participen en aumentar la oferta, ya que "esto de forma natural se traduciría en una baja en precios".

Con esto, los empresarios de Tampico advierten que la eventual creación de Gas Bienestar distorsiona el mercado y otorga un beneficio exclusivo e indebido a Petróleos Mexicanos frente a otras empresas comercializadoras de gas que participan legalmente en el sector a nivel nacional.

"Se pretenden solucionar problemas actuales con supuestas soluciones añejas que han probado históricamente ser ineficaces que terminan por afectar las finanzas públicas; creemos que con esta acción, el gobierno continúa con su política energética de regresar a los monopolios, práctica que atenta contra la libre competencia", puntualizó.