Cuernavaca, Mor. (Agencia Informativa de México).-El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, desestimó los cuestionamientos que acompañaron la designación de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debido a los vínculos familiares y políticos que propiciaron su llegada.

En entrevista, Ojeda Cárdenas consideró que el perfil profesional y conocimientos de los nuevos integrantes del pleno del TSJ es lo que prevalece y aporta al Ejecutivo, y no los señalamientos que acompañaron la designación.

“Somos muy respetuosos del Poder Judicial, respetamos el proceso que siguieron (los diputados), se que había mucha polémica sobre si debía ser está legislatura o la siguiente la que hiciera las designaciones… constitucionalmente estaba legitimado el Congreso para realizarlas, y hay que reconocer que la cuatro perfiles que se nombraron son perfiles serios, profesionistas, gente de la que no tenemos ninguna causa para dudar de su integridad”, expresó.

El pasado lunes, el Congreso del estado de Morelos nombró a Francisco Hurtado Delgado, Jaime Castera Moreno, Martha Sánchez Osorio y Rafael Brito Miranda, como nuevos Magistrados del Poder Judicial estatal, luego de un proceso de auscultación del varios meses y de más de un centenar de candidatos.

Sin embargo, durante la sesión ordinaria del legislativo, trascendieron los nombres de los que serían designados, pero también los soportes políticos que les permitieron llegar: Francisco Hurtado Delgado, propuesto por Morena, es cuñado del subsecretario de Gobernación federal, Rabindranath Salazar Solorio y Jaime Castera Moreno, fue impulsado por la dirección estatal del PAN y sus vínculos con la extrema derecha.

Además, Martha Sánchez Osorio, es cuñada del actual Fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara y producto del impulso del grupo del ex gobernador, Graco Ramírez a quien señalan de obstaculizar la acción de la justicia en la Fiscalía Estatal y la Fiscalía Anticorrupción, a través de sus titulares, quienes fueron nombrados al final de su periodo.

En el caso de Rafael Brito Miranda, pronto se supo que fue impulsado por el grupo de diputados del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del estado dada su cercanía al ejecutivo estatal, donde fungía como Procurador de la Defensa del Menor y la Familia.