Mandatarios electos de Morena acuerdan aprovechar potencial del noroeste de México
Hermosillo, Son., (Agencia Informativa de México).- La gobernadora y gobernadores electos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit se reunieron hoy aquí y acordaron impulsar iniciativas para aprovechar a plenitud el potencial de la región noroeste del país.
Los próximos mandatarios estatales refrendaron su respaldo a los principios de la Cuarta Transformación: austeridad en el gasto de gobierno, redefinición de las prioridades presupuestales a favor de las necesidades sociales, combate a la corrupción y transparencia y rendición de cuentas en las acciones de gobierno.
Acordaron regionalizar la oferta turística con la creación de una empresa estatal de cruceros y de un corredor turístico en el Mar de Cortés que conformarán 36 municipios costeros y 12 áreas naturales protegidas, a través de tres rutas.
Las rutas son Norte que abarcará San Felipe, Loreto, San Carlos, Guaymas, Bahía Kino, Puerto Libertad, Puerto Peñasco; la Sur, en Guaymas, Mulege, Los Cabos y Topolobampo, así como una tercera en Mazatlán, San Blas e Islas Marías.
La seguridad pública recibió atención prioritaria de los próximos ejecutivos estatales, que resolvieron sumar esfuerzos con el gobierno federal desde el ámbito del fuero común con la creación de una Universidad de Policía y de agencias regionales de inteligencia estratégica y financiera.
Asimismo, estuvieron de acuerdo en blindar sus fronteras territoriales para cerrar el paso a las disputadas de las organizaciones criminales.
También definieron un esquema general para el aprovechamiento eficiente y sustentable del Mar de Cortés en rubros como la pesca y el desarrollo turístico, por lo que elaborarán una agenda medioambiental de desarrollo sostenible para los estados, centrada en la generación de energías limpias, particularmente la solar, y en la investigación en materia agropecuaria y de pesca.
Asimismo, promover la agroindustria para darle valor agregado a la producción primaria, eliminar las fronteras estatales para compartir servicios públicos como los de salud y asumir el 50 por ciento del costo del programa de apoyo a discapacitados del gobierno federal.
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