No sé si suceda en todos los países, pero al menos en México, de siempre el Poder Judicial ha sido dominado, supeditado, a los intereses del Poder Ejecutivo. En la Constitución Política del país, como en la respectiva de las entidades federativas, se configura de manera formal la división de poderes propuesta por Montesquieu en su “Espíritu de las Leyes”: División de poderes para evitar, sentencio, que el poder por el poder mismo tenga contrapesos.

En los tiempos en que gobernaba el PRI, de manera cínica, se argüía que no había división de poderes, que existía, eso sí, una colaboración. Y es que, en esa época, la mecánica para integrar a los miembros del Poder Judicial, nacía de un vicio de origen: el Presidente proponía (sigue proponiendo) a los candidatos y los senadores, que eran puestos por el Presidente, los nombraban… así, al final, el Presidente era el jefe político de todos.

VICIO LOCAL.

El esquema federal se reproduce en cada entidad. A los magistrados los propone el gobernador y los aprueba el Congreso Local. Así, de siempre, el gobernador en turno coloca ahí a sus cuates y Francisco García Cabeza de Vaca no es la excepción. Por eso, la mecánica sexenal ha sido que el gobernador que inicia hace gestiones, presiones o simple chantaje para que al inicio del sexenio se vaya un magistrado y así proponer a quien, en su sexenio, será el Presidente del mismo.

Tener el dominio del Poder Judicial facilita, en cierta medida, tener capacidad de gobernar y, por si fuera poco, utilizar a la justicia como un mecanismo para saciar ansias de poder o ejecutar venganzas. Aquí en Tamaulipas, por ejemplo, fue sintomático el caso de Susana Prieto, la abogada que organizo y defendió a los obreros en Matamoros, que de pronto fue apresada, confinada a prisión y luego desterrada… Ahora Susana Prieto es diputada federal electa.

NUEVOS MAGISTRADOS.

El gobernador Francisco Javier García cabeza de Vaca ha propuesto a los diputados locales, al aun su Congreso Local, el nombramiento de tres nuevos magistrados. Lo hace, como quien dice, a un año de que abandone el cargo. En pocas palabras, con tal nombramiento, el gobernador tendrá cubierta sus espaldas, en términos judiciales, durante varios años posteriores a concluir su cargo. No es nada nuevo, igual lo hicieron los gobernadores anteriores.

Vale recordar que en el mes de abril pasado, es decir, hace apenas dos meses y días, que el gobernador propuso a tres nuevos magistrados. En aquella ocasión llegaron: Omehira López Reyna, Gloria Garza Jiménez y Alejandro Durham Infante. En esta ocasión se propone a Aarón Joel Medina Ladrón de Guevara, María del Rosario Garza Hinojosa y Alejandro Guerra Martínez. Así, en menos de un año, llegan 6 nuevos magistrados, que sumados a los que ha propuesto en los años anteriores, hagan de cuenta que ya tiene completo dominio del mismo.

EL PERFIL JUDICIAL.

Es obvio el perfil de un magistrado del Poder Judicial. Tiene que ser abogado, pero, entiéndase, no basta con ser un Licenciado en Derecho. Tiene que ser alguien que, además de su certificación, posea otras prendas, entre ellos experiencia, capacidad, honorabilidad. En este caso, la Constitución Política del Estado establece que: “Los Magistrados y jueces serán nombrados preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica”.

En la práctica a los magistrados los han elegido con la simple propuesta del gobernador en turno. No recuerdo, en mis de 35 años de escribir, que se haya rechazado una propuesta. Por eso en la percepción del pueblo, de la opinión pública, es que son nombrados por su vínculo con el gobierno en turno, para satisfacer o cumplir compromisos o, simplemente, para resguardar, proteger al gobernador en turno.

¿JUSTICIA VENDIDA?

La aplicación de la justicia siempre ha sido considerada como vendida o que esta al mejor postor. Se etiqueta a jueces y magistrados como corruptos. Y esa etiqueta viene, por lo regular, porque la dependencia del Poder Ejecutivo siempre es evidente, casi de subordinación. Por eso, como ciudadano desearíamos que jueces y magistrados, además de saber de leyes, posean una fama pública de honorabilidad.

Melitón Guevara Castillo

Licenciado en Administración Pública (UAT),  Doctor en Comunicación y Periodismo (Universidad de Santiago de Compostela).

Profesor Emérito de la UAT. Líder del Grupo de Investigación “Democracia y Comunicación Política” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Victoria, Tam.,).

Representante en Tamaulipas de la Red Nacional de Investigadores de la Calidad de la Democracia.  

Escribe la columna política DESDE ESTA ESQUINA, desde 1984 en El Diario de Cd. Victoria y actualmente en Hoy Tamaulipas.