En el gobierno del Estado de Tamaulipas, desde el mes de marzo de este año, se han venido sorteando innumerables embates y atropellos políticos desde el Poder central, o del gobierno federal y los satélites que lo conforman.

Primero en el mes de marzo, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) se levantó una acusación sin mayores fundamentos que declaraciones de terceros y citas de medios impresos y virtuales, donde presuponía una serie de tres delitos contra el actual gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a saber delincuencia organizada, evasión de impuestos y uso de recursos de procedencia ilícita.

Después, a través de una comisión montada con mayoría de diputados federales representantes de Morena y una diputada del PRI, encabezada por el diputado Pablo Gómez, declararon procedente la orden de desafuero del mencionado gobernador de Tamaulipas.

Posteriormente, siguiendo los cauces constitucionales, basados en el párrafo 5° del artículo 111, se transmitió o dio a conocer el resolutivo al Congreso Legislativo Local, Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas, para ser declarada la acusación de 'ha lugar o no lugar' para la mencionada orden de desafuero.

Acatando las atribuciones constitucionales, el Congreso Estatal en Pleno, con gran mayoría resolvió calificar la instrucción de 'no homologación', por lo que de acuerdo al mencionado artículo 111 constitucional, en automático quedó sin efecto la iniciativa y el Gobernador continúa al frente del poder ejecutivo estatal institucionalmente, así como los otros dos poderes legislativo y judicial de Tamaulipas, continúan con sus funciones en absoluta gobernabilidad.

En medio de toda esta madeja legaloide, tanto el congreso estatal, como el federal deciden inconformarse por los resolutivos, y se presentan ante la instancia correspondiente, de la SCJN.

El ministro responsable de calificar la instancia, Juan Luis González Alcántara Carrancá, determina que el Gobernador de Tamaulipas continúa con el fuero respectivo y no puede ser juzgado hasta que termine su mandato legítimo hasta el mes de octubre del año 2022.

A este veredicto, la FGR extiende una inconformidad, y la SCJN vuelve a nombrar al mismo ministro, para dar su nuevo veredicto. Este proceso sigue su curso y será resuelto en un plazo aún no determinado. 

En vistas de la complicación legaloide presentada, el presidente de la JUCOPO del Senado, el senador Ricardo Monreal, amenazó que dicha representación pudiera Declarar la Desaparición de Poderes del Estado de Tamaulipas, lo que no solo afectaría al poder ejecutivo estatal, sino que incluso abarcaría a los otros dos poderes (legislativo y judicial de Tamaulipas).

Sin embargo, las bancadas de diputados y senadores de Acción Nacional (PAN) rechazaron el pasado 20 de mayo aprobar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones del Senado, para desaparecer los poderes en Tamaulipas.

Eso “no contará con nuestro apoyo, por ser un ataque directo al pacto federal, el cual todos estamos obligados a respetar” expresaron los panistas, sin cuyos votos la Comisión Permanente no podría contar con mayoría calificada para convocar a sesiones del Senado.

Contrario a los escenarios de Monreal, la oposición en la Comisión Permanente rechazó la posibilidad de aprobar la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones del Senado que incluya como tema la desaparición de poderes en Tamaulipas.

Juntos, diputados y senadores de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática (PRD) reúnen 13 de un total de 33 integrantes de la Permanente, por lo que Morena y aliados, que suman 20 votos, no tendrían mayoría calificada para citar a periodo extraordinario. 

Por todos los lados que este proceso manoseado y desaseado se le vea, no lleva a ningún lado de seriedad, y claramente se analiza por los expertos en la materia de leyes y reglamentos constitucionales, como un juicio político o una persecución política (cacería), en pleno tiempo electoral, con una sencilla razón de querer bajar de la contienda al partido que representa los tres poderes libres y soberanos del estado de Tamaulipas.

Ese procedimiento que ya lleva más de tres meses de manoseo, no se logró consolidar y será hasta pasadas las elecciones de este 6 de junio, que seguramente la instancia que realmente tiene en sus manos resolver este enredo, se tendrá que pronunciar en forma definitiva para dejar claro que en México se tiene que respetar la soberanía nacional y no dejarse imponer un poder sobre otro poder...

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.