Esta tarde de viernes, después de dos semanas mediáticas llena de presiones políticas y amenazas veladas desde el púlpito mañanero, difusión de falsas investigaciones supuestamente realizadas desde el FBI y desde juzgados norteamericanos, reproducción de memes a través de las redes sociales, finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el caso del desafuero contra el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

Se presentó la difusión por parte de los conductos oficiales de la SCJN, dando a conocer que ésta resolvió no entrar al estudio del fondo de la Controversia Constitucional promovida por el Congreso del Estado de Tamaulipas en contra de la Cámara de Diputados, relativa al procedimiento de desafuero (la no homologación) del Gobernador de Tamaulipas, bajo la consideración de que no existe conflicto competencial entre las partes, sino que invariablemente debe prevalecer la decisión soberana del Congreso del Estado de Tamaulipas.

La resolución emitida por la SCJN expresa la siguiente:

《En suma, el Congreso del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de sus atribuciones, tal y como dispone el quinto párrafo del artículo 111 constitucional, decidió no homologar la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que estima que la determinación impugnada no afecta materialmente la decisión tomada por el Poder Legislativo de la entidad federativa. Ello es así, sobre todo, considerando que el propio Poder actor argumenta no impugnar la declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, sino únicamente los efectos supuestamente pretendidos por la misma, que ya se señaló no se desprenden de ésta.

Esto es, el Poder Legislativo local en acatamiento del artículo 111 constitucional, en ejercicio pleno de su autonomía, procedió como consideró que correspondía. Decidió no retirar ‘la protección o inmunidad procesal penal (Fuero)’ al gobernador estatal a quien se le imputa la probable comisión de un delito federal. Por el momento, determinó que no se pusiera a disposición de las autoridades federales al titular del Poder Ejecutivo local》

Dicho lo anterior, significa que el Gobernador de Tamaulipas continúa estando al frente del poder ejecutivo, por lo que no ha sido separado de su cargo, mantiene la protección constitucional que le brindan las constituciones federal y local y no puede ser sujeto de ningún procedimiento de naturaleza penal.

Ninguna autoridad ministerial o judicial puede generar actos de molestia o privativos en su contra que obstaculicen el desarrollo de sus facultades constitucionales. Esta disposición elimina de golpe, aquellas querellas por supuestos delitos que solo se fundó en defraudación fiscal por la compra de un departamento, dejando de lado otros dos delitos relativos a lavado de dinero de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Recordando que desde el pasado 23 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La decisión de la SCJN ha hecho valer la supremacía de la Carta Magna y el arreglo federal que las y los mexicanos hemos pactado.

Bajo lo resuelto por el ministro instructor, es evidente que el Congreso de Tamaulipas actuó conforme a sus competencias, de ahí que el Gobernador siga teniendo fuero, pues la decisión en el ámbito local fue no homologar la declaración emitida por la Cámara de Diputados Federal.

Finalmente, se da a conocer que el Gobernador seguirá ejerciendo el mando constitucional estatal, hasta finales de octubre del 2022, y no podrá ser molestado en su persona y sus bienes por la FGR, ni las dos cámaras del Congreso de la Unión...

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.