El desafuero ya se convirtió en un galimatías; un enredo por las acciones de unos, las posturas de otros, pero sobre todo por la pasión con que unos y otros miembros de la sociedad argumentan y otros replican. Enredo porque la parte jurídica se politizo en tanto que unos, le echan leña al fuego y los protagonistas o actores, en última instancia, le están dejando a la Suprema Corte de Justicia que decida la suerte del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El proceso del desafuero está contemplado en la Constitución Política del país, así como también, en la estatal. Es un mecanismo para que las autoridades puedan ejercer acción penal en contra de un presunto trasgresor de la ley. En el caso del gobernador, la Fiscalía General de la Nación, lo acusa de tres delitos, pidió el desafuero a la Camada de Diputados y, vistos los hechos, aprobaron la petición.

CHARLAS DE SOBREMESA.

El tema del desafuero, en última instancia, se convirtió en un hecho político. Así lo califico el acusado al recordar que las filtraciones de sus potenciales delitos tienen meses y meses y la acción de la Fiscalía General de la Nación, de pedir su desafuero, coincide con el calendario electoral. ¿Por qué, se preguntó, hasta ahora? Y a decir verdad, es imposible no pensarlo, cuando el propio Presidente pide y le conceden que las audiencias en la Cámara fueron públicas, contra la voluntad de Pablo Gómez, el Presidente de la Comisión Instructora, por efectos del “debido proceso”.

Así, entre filtraciones y explicaciones, los tamaulipecos nos enteramos de hechos y acciones, que se comentan en los cafés, en las mini reuniones de amigos y familiares. Y, buena parte de la misma, va en una dirección: la percepción que se tiene del comportamiento del gobernador es negativo. Se habla de su forma de gobernar, de no dar aumentos salariales, de quitar a unos la compensación en tanto que a otros las disminuyeron al 50%.  No hay, quiérase o no, suficientes elementos positivos, son más los negativos. Para unos es indefendible; para otros, los beneficiarios de algunos de sus programas, conceden la duda sobre su futuro.

RESBALON DE MONREAL.

Ricardo Monreal, el zacatecano, líder de los senadores, que en todo momento ha mostrado interesen a los problemas de Tamaulipas, en un twitter no vacilo en pedir a Gertz Manero, a la FGN, que gestionara la orden de aprehensión en contra de Francisco “N”, porque la decisión de los diputados federales es inatacable. Incluso, en el mismo sentido, en una mañanera Olga Sánchez Cordero, exministra jubilada de la SCJN, pidió su aprehensión.

¿Por qué el enredo jurídico? Porque los constitucionalistas tienen posturas divergentes. Afirman que es inatacable la decisión del desafuero; la contraparte, afirma, que la decisión del desafuero corresponde al Congreso Local, que lo negó y, además, promovió una controversia constitucional, alegando que el fuero al Gobernador, autoridad no federal, corresponde al Congreso Local. Por cierto, el fiscal general de la nación, estableció que esperara la decisión de la SCJN, quizá por eso, luego Monreal, cambio su postura: que prevalezca el Estado de Derecho, que decida la SCJN, tal y como en su momento también lo acepto el Presidente AMLO.

TIEMPO ELECTORAL.

El ambiente en Tamaulipas esta enrarecido. Los panistas defienden a capa y espada (caravanas vehiculares) a su líder; en tanto que en redes sociales, columnas políticas y portales informativos, se describen y explican, una y otra vez las acusaciones, van consignando paso a paso, lo que sucede en torno al caso, de si el gobernador se esconde, que si ya está en los Estados Unidos, que si llega custodiado por policías al Palacio de Gobierno… eso y más, esperando un desenlace que, ya se dijo, será la consecuencia de la decisión que tome la SCJN.

¿Cuándo será emitida la decisión? Tiene importancia si es antes o después de las elecciones. Si es antes del 6 de julio; si es negativa para el Congreso fortalece los intereses de MORENA; si es después, obvio, favorece a los panistas, aunque sea negativa la decisión… porque ya habrán pasado las elecciones. No la tiene fácil la SCJN: si es positiva o negativa, presentara un precedente e iluminara el camino para procesos subsecuentes.

SABEN DE DERECHO.

Ricardo Monreal ya evidencio que no sabe sobre Derecho Constitucional o que tiene malos consejeros jurídicos; la actitud del Fiscal General de la Republica, por su parte, es congruente con su formación: pedirá orden de aprehensión según sea la decisión de la SCJN. Por eso, resultara interesante, relevante, significativa la decisión jurídica en tiempos electorales.

Melitón Guevara Castillo

Licenciado en Administración Pública (UAT),  Doctor en Comunicación y Periodismo (Universidad de Santiago de Compostela).

Profesor Emérito de la UAT. Líder del Grupo de Investigación “Democracia y Comunicación Política” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Victoria, Tam.,).

Representante en Tamaulipas de la Red Nacional de Investigadores de la Calidad de la Democracia.  

Escribe la columna política DESDE ESTA ESQUINA, desde 1984 en El Diario de Cd. Victoria y actualmente en Hoy Tamaulipas.