A todos los mexicanos debe resultarnos profundamente preocupante el discurso formulado el 23 de abril de 2021 por el Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velazco, en el que defendiendo la ampliación de mandato del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación grosso modo señaló:

“Usted señaló el contrato social, y en el contrato social se establecieron dos corrientes: la de la justicia y el derecho; citó un coordinador acá que cualquier alumno de primer año de derecho sabe lo que es el apego a la ley, quiero decirle a aquel académico que entre derecho y justicia un transformador, un liberador, un revolucionario opta por la justicia, claro la supremacía entre derecho y justicia depende de un pensamiento político ideológico, el conservadurismo opta por el derecho; el liberador y somos parte de un movimiento liberador opta por la justicia, por la felicidad, por lo que es necesario y no nos pida a sus compañeros con todo respeto que optemos por el derecho porque estaríamos sumándonos a ese derecho que no garantiza lo justo, que no garantiza la felicidad, que no garantiza el desmantelamiento de un régimen corrupto en algo que es más sensible para toda la población que es la administración de justicia, señaló la vocación democrática de Zedillo, pero se olvidó señalar que generó en la judicatura federal a un ente corrupto, obeso, de privilegio, de nepotismo y eso es lo que queremos acabar, vamos a actuar en función de lo justo y de lo necesario”.

Ante esto, coincido con la opinión que Liébano Sáenz plasmó en su columna publicada el 24 de abril del año en curso, en la que esencialmente señala que lo planteado por el Diputado Mier no es más que un falso dilema en el que ante la disyuntiva de Ley o Justicia debemos optar por la segunda, pasando por alto que no hay más justicia que la legal.

Lo anterior, en tanto aquel Derecho/Ley que menosprecia el Diputado es precisamente lo que nos aleja de las sociedades primitivas en donde no hay más justicia que la hecha por propia mano, nos dota de seguridad jurídica, permite que como ciudadanos no nos encontremos jamás en una situación de incertidumbre, ni en un estado de completa indefensión, pues gracias a el/ella sabemos a que atenernos respecto de su observancia o inobservancia y de la propia actuación de la autoridad.

Y no solo eso, al mismo tiempo el Derecho es una garantía en beneficio de todos los ciudadanos acorde a la cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, considerando arbitrario y en consecuencia susceptible de anularse cualquier acto desajustado a la misma, constituyendo esto una garantía de interdicción a la arbitrariedad.

Así, caer en el maniqueísmo tramposo que envuelve el discurso del Diputado Mier Velazco, en el que la Ley y la Justicia se encuentran confrontados, implicaría tolerar la idea de una sociedad ausente de seguridad jurídica, en la que la única voluntad que cuente es la que personifica el líder y su camarilla.

Contrario al discurso del Diputado, lo único que generaría caer en el falso debate de inobservar la Ley prefiriendo lo que unilateralmente considera justo un Partido es arbitrariedad, despotismo y demagogia, pero nunca felicidad o justicia.

Finalmente, parafraseando un pasaje de la “La Década Perdida”, cuanto sufrimiento en términos humanos vivieron y seguirán padeciendo aquellos que carecen de los medios para una defensa capaz y profesional, y que tienen que sufrir tanta arbitrariedad, todo lo cual se traduce en una vida de dolor y amargura. Por eso la lucha por institucionalizar la procuración e impartición de justicia en el marco de un verdadero Estado de Derecho es una auténtica causa nacional.

Luis Carlos Torre Garza

 

Abogado, egresado de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, especializado en materia Administrativa.

Actualmente cursando una Maestría en Derecho de Amparo en la UANL.

Socio del Despacho Torre Hernández "Derecho Estratégico Administrativo".