Nuevo Laredo, Tamaulipas. ─ La vinculación a proceso de 30 elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) por la desaparición forzada de al menos cuatro personas en Nuevo Laredo, no tiene contentos del todo a los familiares de las víctimas, pues señalan que las están excluyendo de las audiencias durante el juicio.

A tres años de la desaparición de las cuatro víctimas, sus familiares solicitan al Gobierno Federal que los 30 detenidos confiesen dónde dejaron a sus seres queridos.

Jessica Molina, esposa de Daniel Trejo –desaparecido por los Marinos al ser sacado de su casa en un “operativo”- señaló que los familiares de las víctimas no están participando en las audiencias de los 30 detenidos, ni se les ha notificado sobre el proceso.

Erika Arredondo, madre de Julio César Miramontes, desaparecido por la Marina el 19 de febrero del 2018, pidió que “se nos informe a tiempo para poder estar nosotros presentes en las audiencias, y pedimos más que nada que se haga justicia, que los marinos digan dónde están nuestros familiares, para nosotros es lo más importante, que cooperen y que nos digan dónde los dejaron”.

Erika Castro, esposa de José Luis Bautista, desaparecido el 16 de mayo del 2018, por elementos de SEMAR, enfatizó que: “hasta el momento no he tenido comunicación con mi asesor -de la CEAV-, no me ha informado de nada de lo que pasó, no he sido requerida en el juicio, y lo que pido yo estar presente en las audiencias y quisiera también que la SEMAR aclare la fecha que hizo mal intencionada, puso el 2014 y son del 2018 las desapariciones”, puntualizó.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, por su parte señaló que además de que los familiares de las víctimas no han sido notificados del avance en el proceso, tampoco la CNDH ha dado seguimiento a la recomendación 36 VG/200 que emitieron en septiembre de 2020.

“La realidad es muy diferente, a lo informado por la Marina, las víctimas no están siendo informadas de manera oficial por los asesores jurídicos, las víctimas y sus familiares no están participando en el juicio y eso es muy importante, están siendo excluidas “, enfatizó Ramos Vázquez.

Destacó que “aun cuando es cierto que hubo desapariciones forzadas en 2018 también se cometieron otros delitos, de tortura, de allanamiento, de robo, abuso de autoridad y de homicidio, es decir, hay cuando menos 20 víctimas de ejecución extrajudicial que esas carpetas no se están concluyendo, siguen abiertas”.

Acusó que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, miente en su comunicado al mencionar que las víctimas estuvieron presentes en las audiencias de vinculación a proceso de los 30 marinos detenidos, cuando ni siquiera han sido notificadas.