San Luis Potosí, SLP, (Agencia Informativa de México).- El abogado especialista en temas de salud, Omar Cerezo Moreno, criticó las inconsistencias e irregularidades de la campaña nacional de vacunación e incluso sugirió al poder legislativo promover la abstención de brindar servicio de atención médica por parte de los profesionales particulares de la salud con su respectiva canalización al sector público en respuesta a la falta de aplicación de vacunas para ellos.

Aseguró que el rechazo de atención del personal de salud particular y canalización al sector público recurriendo al derecho profesional de objeción de conciencia para no incurrir en delito a los funcionarios responsables de que no han sido vacunados es una medida que es “legítima, legal y se puede hacer”.

“Se está manejando con un criterio muy arbitrario el esquema de vacunación. Se había dicho que se iba a vacunar en primer lugar al personal de salud, después a adultos mayores y a partir de ahí el proceso de vacunación a la población en general”, explicó la situación para plantear la justificación del llamado al poder legislativo y el personal de salud.

En lugar de tener una estrategia efectiva, el experto aseguró que “se está tratando de dar la señal mediática de que se está avanzando en la vacunación” al aplicar las dosis a grupos como los maestros y población rural con riesgo bajo o nulo de contagio y de este modo el gobierno mexicano “está jugando a las declaraciones y no se está garantizando el derecho constitucional a la protección de la salud de los mexicanos”.

El jurista citó como ejemplos los casos de Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky, quienes al verse contagiados acudieron con médicos particulares para recibir las primeras atenciones, y pidió en lugar de ello “que sean atendidos en el sector público”.

“Tenemos un grave dilema, México es uno de los países cuyo personal de salud está más expuesto en todo el mundo, con la cifra más alta de infectados y muertos, en el número de infectados prácticamente estamos llegando al 18 por ciento de la población total infectada”, expuso con preocupación.

Indicó que no se ha tenido en cuenta al personal que no está en áreas operativas directamente, sino que hace funciones de intendencia, servicios pre-hospitalarios e incluso personal administrativo, población que, según el grado de riesgo, el gremio médico está definiendo como “personal de primer contacto”.

Apuntó a que las cifras más precisas que se tienen de defunciones de personal de salud a causa de Covid-19 se tienen a razón del corte hecho el mes de enero del presente año, reporte cuyo número asciende a 2,470 trabajadores de la salud fallecidos, números que según indicó no representan datos precisos.

Asimismo, Cerezo Moreno aseguró que el grueso de la población en riesgo es de 360 mil profesionales de la salud para el sector público según lo que el Gobierno Federal informa, cifra que no incluye al sector privado y social: de incluir a los tres el número asciende a cerca de 1.5 millones de trabajadores entre personal médico, de enfermería y personal técnico, de los cuáles 400 mil se han infectado.

Dadas estas declaraciones en rueda de prensa como invitado del senador blanquiazul por San Luis Potosí, Francisco Salazar Saenz, el anfitrión añadió: “si los señores funcionarios públicos de alto nivel no quieren trabajar o no quieren proteger al sector privado, pues que se vayan al ISSSTE o al IMSS”, comprometiéndose además a preparar una iniciativa para que la objeción de conciencia pueda ser aplicada sin problema a estos casos como lo sugirió Cerezo.