Chihuahua, Chih. (Agencia Informativa de México).- El juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, acreditó el desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda y la entrega de dinero a los tres imputados por la “nómina secreta”, por lo que dictó formal vinculación a proceso en contra de María Eugenia C.G., Rodrigo D.R. y María A.S.

La vinculación a proceso penal es por el delito de cohecho en consumación continuada a título de autores, tanto para la alcaldesa con licencia, como para la exdiputada del Partido Verde y el exdiputado del PRI.

El juez Mendoza Rodríguez, estimó que la mayoría de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de los tres imputados no fueron controvertidas por la defensa, por lo que el valor probatorio de las mismas acredita la comisión del delito señalado por la Fiscalía de Chihuahua.

Para la vinculación a proceso, el juzgador tomó en cuenta las irregularidades en el contrato de servicios para el hermano de la alcaldesa, quien recibió en total un millón 067 mil pesos en transferencias, en un tema en el que se presentó un dictamen técnico y las documentales financieras, además de testimonios, lo que tampoco fue controvertido por la defensa.

Además consideró suficientemente acreditada la teoría de la Fiscalía respecto a la forma en que se operó el desvío de recursos públicos por medio de la llamada “nómina secreta” o caja chica, durante todo el tiempo en María Eugenia C.G, María A.S. y Rodrigo D.R. fueron legisladores.

Al hacerse cargo de los argumentos de la defensa, el juez de Control también consideró un informe técnico detallado sobre todas las ocasiones en que las exdiputadas y el exdiputado aprobaron y firmaron diversas iniciativas del exgobernador César Horacio D.J.

Explicó que en el caso de los recibos firmados por los involucrados y publicados en un medio de comunicación, la Fiscalía General del Estado se dio a la tarea de realizar todos los cotejos correspondientes con escrituras que el notario Número 4 inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y coincide con la firma de Luis Raúl Flores, titular de la notaría.

La Fiscalía practicó los dictámenes periciales correspondientes y el juez reconoció como documentos auténticos los 34 recibos certificados.

Durante el análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público también quedaron acreditadas:

• El desvío de recursos desde la Secretaría de Hacienda.
• La mecánica de la “caja chica” o “nómina secreta”.
• La entrega de recursos a diversas personas.
• La entrega de dinero a los tres imputados.
• Que la defensa se centró en circunstancias técnicas legislativas y no controvirtió la mecánica de desvío, la mecánica de entrega.

María Eugenia C.G es acusada de recibir indebidamente más de 9 millones de pesos para ella y para César J.M., entre 2014 y 2015, cuando ambos eran dirigentes de la bancada del PAN en el Congreso de Estado.

Rodrigo D.R., quien era el coordinador de la bancada del PRI, es acusado de recibir para su beneficio personal, 2.5 millones de pesos, en tanto que María A.S., del Partido Verde Ecologista de México, está acusada de recibir 3.8 millones de pesos.

El juez fijó seis meses como plazo para que la Fiscalía concluya y fortalezca las investigaciones. El Ministerio Público había solicitado cuatro meses, mientras que la defensa pidió el tiempo máximo de seis meses.