En junio de 2019, tras meses de presenciar un aumento en la migración proveniente de Centroamérica a través de México y hacia Estados Unidos, que tensionó las relaciones entre ambos países, los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron un acuerdo de colaboración migratoria.

Este acuerdo marcó el comienzo de una nueva era en el desarrollo de los sistemas de control migratorio y protección humanitaria en México.   

Con fin de evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos tras la amenaza anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la administración de Andrés Manuel López Obrador acordó desplegar su recién creada Guardia Nacional para combatir la migración irregular; aceptó la expansión de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés y también conocidos como Quédate en México) a lo largo de la frontera México-Estados Unidos; además, se comprometió a aumentar la colaboración con Estados Unidos para interrumpir las redes de tráfico de migrantes. 

A su vez, la administración Trump acordó acelerar el procesamiento de solicitudes de asilo para los migrantes que se encontraran esperando en México bajo MPP y abordar las condiciones que impulsan la migración al invertir en esfuerzos de desarrollo económico en el sur de México y Centroamérica.

En el transcurso de los 90 días posteriores a la implementación de este acuerdo, la migración irregular en la frontera entre México y Estados Unidos disminuyó drásticamente, cumpliendo con el objetivo principal del acuerdo. 

A fines de septiembre de 2019, el gobierno mexicano desplegó 25,000 tropas de la Guardia Nacional para asistir en la aplicación de controles migratorios, detuvo a 81,000 migrantes y repatrió a 62,000 a sus países de origen. 

Las autoridades mexicanas también recibieron a 39,000 migrantes de Estados Unidos bajo MPP, quienes permanecerían en México a la espera de la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos, representando más de cuatro veces el número transferido durante los cinco meses entre el lanzamiento de MPP en enero de 2019 y la firma del acuerdo en junio. Por lo tanto, si bien el enfoque inicial de la administración de López Obrador al asumir el cargo fue crear vías legales para facilitar la migración ordenada, la presión por parte de Estados Unidos para cumplir con los términos del acuerdo provocó un cambio abrupto hacia un enfoque de control y contención.

Este aumento en el control migratorio por autoridades mexicanas, en combinación con las políticas unilaterales de Estados Unidos diseñadas para restringir el acceso al asilo en la frontera México-Estados Unidos, ha elevado la demanda de protección humanitaria dentro de México. 

Las solicitudes de refugio se duplicaron de forma importante, de 30,000 en 2018 a 71,000 en 2019, y la mayoría se presentó en los meses de verano durante el periodo más alto en el que México endureció su control migratorio. En respuesta, el gobierno mexicano duplicó el presupuesto operativo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para 2020 y estableció el objetivo de triplicar su personal para otoño de 2020.

La combinación de mayores esfuerzos de control migratorio en México con el efecto disuasorio de MPP, y la serie de cambios unilaterales en la política estadounidense que reducen el acceso al asilo y la pandemia del COVID-19 han tenido un impacto significativo en los cruces fronterizos ilegales. Las aprehensiones de migrantes han seguido una tendencia a la baja desde junio de 2019, y en abril de 2020 la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 16,000 migrantes en la frontera de Estados Unidos y México, en comparación con 99,000 del año anterior.

Sin embargo, a pesar de que México juega un papel más importante en gestión migratoria, no es tan evidente cuánto ha invertido el gobierno mexicano en mejorar la capacidad institucional y operativa del INM. Por ejemplo, en una encuesta, solo el 31 por ciento de los deportados centroamericanos reportaron que el INM les informó sobre su derecho a solicitar la condición de refugiado en 2019, aunque esta tasa ha aumentado desde 2016.

Tampoco está claro si los gobiernos locales y estatales están preparados para abordar los serios desafíos de atender a las poblaciones migrantes nuevas y en crecimiento en las comunidades de todo México, y a las poblaciones particularmente vulnerables a lo largo de su frontera norte con los Estados Unidos y la frontera sur con Guatemala.

Al mismo tiempo, dado que el acceso al asilo en la frontera México-Estados Unidos se ha reducido enormemente, la carga de proporcionar protección humanitaria a los necesitados se ha trasladado en gran medida al gobierno mexicano. 

Sin embargo, las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil asumen la mayor parte de la responsabilidad de la supervivencia cotidiana de los solicitantes de asilo y otros migrantes, y los desafíos de recursos y capacidad que muchos enfrentan se han intensificado frente a la pandemia del COVID-19. Aunque la capacidad institucional del sistema de protección de México ha crecido durante el año pasado, no está claro si ese sistema puede satisfacer el alto nivel de demanda sin el apoyo directo y la colaboración de Estados Unidos.

Los efectos inmediatos de la pandemia han planteado desafíos importantes en el marco de política migratoria de México y sin duda afectarán su desarrollo en los próximos años. Al aprovechar el ímpetu del año pasado y ver a la pandemia como una oportunidad para abordar desafíos actuales e inesperados, el gobierno mexicano puede identificar deficiencias en las políticas públicas y fortalecer las alianzas con organizaciones internacionales y de la sociedad civil.

DECRETO EJECUTIVO DESAPARECIÓ EL MPP POR EL GOBIERNO DE JOE BIDEN.

A principios de febrero de este 2021, el nuevo presidente de EEUU Joe Biden, instruyó al Departamento de Seguridad Interior (DHS) que tomara acciones para poner fin al polémico programa Protección al Migrante (MPP, en inglés) instaurado por su predecesor, Donald Trump. Este acuerdo obligó a decenas de miles de demandantes de asilo a permanecer en la frontera a la espera de la resolución de sus casos, lo que creó una crisis humanitaria en la zona, agravada por la pandemia de la covid-19.

La ONG American Immigration Council estima que desde enero de 2019, cuando se empezó a implementar el programa, hasta diciembre de 2020, al menos 70,000 personas habían sido devueltas a México bajo los acuerdos MPP.

Este polémico programa fue parte del plan de Trump para luchar contra la inmigración irregular, tras las multitudinarias caravanas de finales de 2018 y principios de 2019. Trump tuvo durante toda su Presidencia la lucha contra la inmigración irregular como una de las marcas distintivas de su Gobierno, lo que incluyó sus tenaces esfuerzos por levantar un muro en la frontera y planes como la política de “tolerancia cero” que separó a miles de familias migrantes.

Ahora, Joe Biden planea publicar un proyecto de ley de reforma migratoria que otorgaría acceso a la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes indocumentados. Se espera que el presidente dé a conocer la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021 en los próximos días, que, de acuerdo con NBC, incluirá un camino hacia la ciudadanía para millones, una expansión del programa de reasentamiento de refugiados y más tecnología en la frontera sur.

Los beneficios ampliados para los dreamers, que llegaron ilegalmente cuando eran niños y procesaron las solicitudes de asilo de menores en sus países de origen, también se están considerando como parte del proyecto de ley. La medida seguramente traerá una pelea con los exfuncionarios de la Administración Trump y algunos dentro de ICE que ya se han opuesto al enfoque de inmigración de Biden.

Biden durante su campaña prometió aumentar esa cifra a 125,000 para este año y posiblemente aumentarla aún más en los años siguientes.

El senador demócrata Robert Menéndez dijo que con el plan se trata de arreglar el “sistema de inmigración roto”, pero también “construir uno mejor que reúna a las familias, saque a la comunidad indocumentada de las sombras y en el camino hacia la ciudadanía”.

Añadió que el proyecto de ley también “defenderá los derechos humanos, abordará las causas fundamentales de la migración e incluye una estrategia de seguridad fronteriza inteligente”.

Se dice que la Administración de Biden está abierta a romper la legislación para evitar que fracase.

Joe Biden ya firmó varias órdenes ejecutivas sobre inmigración, que incluyen permitir la entrada de más refugiados y establecer un grupo de trabajo para encontrar a los padres de unos 600 niños que fueron separados bajo la Administración Trump y aún no se han reunido.

SITUACIÓN ACTUAL DE CENTROAMERICANOS RECONOCIDOS POR EL MPP

Ante el cambio del estatus sobre un aproximado de 26,000 migrantes centroamericanos reconocidos por el gobierno de Biden, con derechos a recibir una segunda audiencia respecto a las solicitudes de visas humanitarias o políticas, desde finales de febrero hasta el 17 de marzo de este año, se estima que los contingentes varados entre la frontera de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros, ya han cruzado al interior del territorio norteamericano, por lo que el primer paso para desahogar los trámites citados ya fueron ejecutados.

Ahora se espera que los migrantes que los jueces de migración les aprueben las visas sean integrados a los EEUU, los que no se acepten serían retornados o repatriados en forma directa a sus territorios de origen.

INCREMENTO DE NUEVOS GRUPOS DE MIGRANTES

Sin embargo, se reconoce por el gobierno norteamericano, que en los últimos meses se ha disparado nuevos grupos migratorios, bajo la desinformación que está apertura pudiera incluir nuevos solicitantes de visas.

Para ello, el gobierno por medio de su vocera Roberta Jacobson, han insistido que esto no es así.

De forma que trascendió que más de 100,000 nuevos migrantes han estado llegando a la frontera en forma ilegal.

El jueves 19 de marzo, ante esta irregularidad, motivo a que el gobierno norteamericano anunciara el endurecimiento de la vigilancia en la frontera entre México y EEUU.

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.