Cuernavaca, Morelos. - El gobierno del estado de Morelos acusó a los titulares de la Fiscalía Anticorrupción (FA) y a la Comisión De Derechos Humanos (CDHM), de utilizar a las instituciones como abierta arma política para satisfacer sus intereses políticos y venganzas personales como sucede en el caso del CASA DIF donde una reubicación de 13 niños y adolescentes intentó ser mostrada a la sociedad como una “desaparición forzada”.

El secretario de Gobierno de Morelos Pablo Ojeda Cárdenas, afirmó que tanto el Fiscal Anticorrupción. Juan Salazar Núñez y el presidente de la CDHM, Raúl Hernández Cruz dilapidan los recursos materiales y económicos para enderezar acciones irregulares e ilegales., como ha sucedido en el caso del Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) DIF, en el que han prevalecido “reiteradas falsedades”, “mentiras continuas”, porque no hay desaparecidos y todas las acciones ya han sido calificadas de irregulares o, ilegales por jueces locales y federales.

No es la primera vez que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco acusa a ambas instituciones de ser fiel a la administración anterior encabezada por Graco Ramírez Garrido Abreú, con el que la administración del ex seleccionado nacional mantiene un publico enfrentamiento desde que el actual mandatario era alcalde de Cuernavcaca.

El pasado uno de septiembre, integrantes del CASA del DIF ubicado en el municipio de Temixco, protagonizaron una rebelión interna por la remoción de un directivo al que querían de regreso en el lugar. Ante la situación de inestabilidad, debieron intervenir autoridades policiacas.

Meses después la CDHM afirmó que de esos hechos derivaron actos humillantes y de tortura en contra de 13 niños y adolescentes, mismos que habían “desaparecido” de la CASA DIF debido a su comportamiento, por lo que el órgano defensor acudió ante la Fiscalía Anticorrupción y ante los tribunales para buscar a los niños y adolescentes, incluso, solicitó órdenes de cateo para indagar las condiciones en las que se encontraban dentro de un centro de atención contra adicciones, a donde había sido trasladados.

En conferencia de prensa, Rafael Brito Miranda, procurador de los Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, negó que las personas hayan estado en situación de riesgo o sometidas a acciones humillantes, al tiempo que también negó que se les haya impedido a la CDHM ingresar a la CASA DIF y existen pruebas de que sus visitador estuvo dentro de ella -al menos- en cuatro ocasiones.

Aseguró que en todo momento se cumplieron los requerimientos de la CDHM, también se les dio respuesta a sus peticiones, por lo que las acciones en las que han incurrido es a todas luces un hostigamiento legal contra el DIF debido a situaciones políticas y personales.

“Hasta hace unos días, resultaba impensable que el abuso de autoridad y el dispendio de recursos pudiera llegar a los niveles a los que ha llegado. En la Secretaría de Gobierno, en la Entidad Superior de Fiscalización, en el Congreso del Estado, en diversas Notarías Públicas; e incluso en el Ayuntamiento de Cuernavaca, nos hemos acostumbrado a estos desplantes y abusos. Es muy claro que el Comisionado y el Fiscal Anticorrupción han hecho de este gobierno y otros actores sus enemigos políticos.

Sin embargo, hacer de las niñas, niños y adolescentes, un frente de golpeteo político resulta inadmisible, intolerable y vergonzoso”, abundó Ojeda Cárdenas.

Finalmente apuntó que como democracia y como sociedad “no debemos permitir que supuestos servidores públicos procuren la justicia y el combate a la corrupción de forma parcial y acomodaticia; para muestra la determinación de hace unos días de no ejercer acción penal en contra de nueve funcionarios de la anterior administración con escandalosas acusaciones de corrupción.