La migración de personas mexicanas y centroamericanas, que transitan por el territorio para llegar a Estados Unidos de América, en muchas ocasiones no logran su objetivo por diversos motivos, son deportados, objeto de la comisión de delitos o fallecen en el intento, otros simplemente se quedan a la deriva en la frontera norte de México, principalmente en el Estado de Tamaulipas.

Por otra parte, en ese mismo sentido, los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional, a ser tratados sin discriminación, en condiciones de igualdad, independientemente de su situación o su condición, a pesar del marco jurídico existente los migrantes siguen sufriendo abusos, explotación y violencia.

Sin embargo, en la Entidad, como en el caso Camargo, se presentan atroces acontecimientos que les impide continuar con su recorrido, el cual se ve truncado principalmente al ser captados por diferentes organizaciones.

La protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes, es uno de los retos que afronta el País en el respeto y garantía de su dignidad humana y la salvaguarda de su integridad física, no obstante, a pesar de esto, México se encuentra en un nuevo contexto de migración derivado de “caravanas migrantes” principalmente compuesta por centroamericanos, en donde las personas buscan una mejor forma de vida, abandonando su lugar de origen por diversos motivos, como la pobreza que en ocasiones es extrema, genera que las personas abandonen su lugar de origen, por la falta de empleo y oportunidades para desarrollar un trabajo digno, los altos niveles de inseguridad, pandillas, carteles de la droga, redes de trata de personas, la prostitución de menores y una serie de fenómenos sociales que los afectan directamente en su vida y en cada una de sus comunidades, son elementos decisivos en el momento de optar de migrar a otro país, porque la condición de vida en sus lugares de origen hacen imposible tener una condición de vida digna.

Según la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, hasta noviembre de 2017, identificó que más del 85% de los extranjeros presentados ante la autoridad migratoria provienen de Guatemala, Honduras y el Salvador, con un total de 75,369 personas entre los tres países (CNDH, 2018).

La Ley de Migración (2011), destaca entre los derechos de los migrantes: Derecho a la Nacionalidad, libertad de tránsito, seguridad jurídica y al debido proceso, asistencia consular, no discriminación, solicitar asilo, reconocimiento de la condición de refugiado, protección de la unidad familiar, dignidad humana, no ser criminalizado, alojamiento digno, no ser incomunicado, derecho a un intérprete o traductor y a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de Albergues, entre otros.

Los migrantes que transitan por el territorio nacional tienen los derechos que les reconocen la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados por México, sin importar su nacionalidad ni situación migratoria, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad (INM): Niños, niñas y adolescentes, Mujeres, Indígenas y Víctimas de delitos, entre otras.

Las violaciones de las que son víctimas los migrantes ocurren desde que preparan su traslado y durante el tránsito a la frontera norte de México, así como durante el cruce, en su estancia en territorio estadounidense, a su regreso y hasta cuando envían remesas económicas a sus familiares; las violaciones pueden ser cometidas por autoridades y particulares mexicanos, especialmente en los estados fronterizos, en los que muchas personas que llegan con la intención de cruzar, ya no lo logran porque las despojan de su dinero, las roban, las engañan y en ocasiones son criminalizadas.

Específicamente en el caso del municipio de Camargo, Tamaulipas, acontecido el día 22 de enero en la brecha del ejido Santa Anita, en donde los migrantes masacrados, con recursos económicos proporcionados por sus familias, con la ilusión de llegar a Estados Unidos a trabajar, cubrir los gastos del viaje, ayudar a sus familias, ya que proceden de comunidades de pobreza extrema, condiciones que en ningún momento son considerados por sus victimarios, entre ellos se encontraban tres mujeres, las cuales eran profesionistas y un menor de edad, que al no haber fuentes dignas de trabajo, tomaron como opción el migrar a otros países en donde consideraban que se les iba a valorar la mano de obra, motivo por el cual serían mejor remuneradas, de los cuales los resultados ya se han dado a conocer por diversos medios de comunicación, dejando en sus familias los espacios vacíos y el dolor, no solo truncados al quedarse con deudas, sino con sus seres queridos que no lograron concretar sus sueños de una vida digna. Valdría la pena analizar, la obligación por parte de los Países de generar fuentes de trabajo, empleos, a fin de que la población no tome como último recurso el migrar de sus lugares de origen, dejando en un total estado indefensión a sus familias y siendo víctimas de abusos, crimen y trata por parte de todo tipo de organizaciones.

Se puede hacer una primera reflexión, a modo de conclusión, que eventos como el citado de Camargo nos debe llevar a tomar conciencia que este no es otro hecho aislado, que algo no se está haciendo bien tanto en los países citados de Centroamérica, tampoco han tomado su responsabilidad las autoridades migratorias de los Estados Unidos, no obstante el cambio de gobierno republicano a uno demócrata, siguen alargando la posibilidad que los migrantes centroamericanos varados en la frontera mexicana continúen esperando por más tiempo no obstante los riesgos registrados como el de Camargo. Se torna urgente terminar de tajo el decreto norteamericano de 'Quédate en México' en espera de la respuesta favorable o no de una Visa Humanitaria.

Más importante aún, es llevar a cabo una total reingeniería del tema migratorio por parte de nuestras autoridades migratorias mexicanas, que no tienen actualmente una clara política de respeto de los derechos humanos de los grandes grupos que ya tienen más de un año hacinados en campamentos o casas migrantes de la frontera.

Sin considerar, los grupos de migrantes que sin cuantificar el número exacto, ahora mismo están bajo el control de intermediarios operadores de tráfico de personas.

Quiere decir que la respuesta y solución de este fenómeno es sumamente compleja y no depende de una sola autoridad, sea esta centroamericana, mexicana (federal, estatal o municipal) o norteamericana.

Más preocupante al resaltar que la violación de los derechos humanos de los migrantes, afecta tanto a hombres adultos, como a mujeres y niñas que cada día se suman más a los contingentes, mostrando que la migración ya registra a familias enteras, lo que llama más a la atención prioritaria.

Se considera que la forma de abordar por tanto este complejo problema, debería ser global y no local, multinacional y no desde una nación, multifactorial y no parcial, tomando en cuenta las causas y no solo juzgar el efecto pernicioso resultante de la propia lamentable masacre. Estamos a tiempo de enfrentar estos sucesos y no considerar como un hecho aislado.

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.