Se ha avanzado mucho en las investigaciones resultantes de la reciente masacre e incineración de 19 personas, presumiblemente todas centroamericanas, con excepción de dos mexicanos, pareciendo que estos últimos corresponden a 'coyotes' traficantes de personas.

El evento registrado el pasado 22 de enero, cerca de los límites del municipio de Camargo, a escasos kilómetros de Nuevo León y a 40 millas del estado de Texas, refleja una reconocida ruta de tráfico de migrantes, ubicada en el 'Triángulo Nuevo León, Reynosa y Nuevo Laredo'.

No se puede olvidar que esta ruta se encuentra en una región llena de brechas y rancherías aisladas, donde se reconoce como tierra peligrosa influenciada por bandas criminales de drogas, armas y más recientemente, tráfico de personas.

Es sabido que el tráfico de migrantes, se ha convertido en una fuente importante de divisas, casi superando al resto de delitos, todos englobados por delitos del 'fuero federal'.

Por lo anterior, debemos partir que este hecho involucra directamente a las autoridades federales, partiendo de las casi extintas 'policías federales' y la actual 'guardia nacional', pasando por la autoridad normativa del Instituto Nacional de Migración (INM), las que no se han señalado con suficiente atención para poder desdoblar el problema central que inmiscuye a la masacre de Camargo, y la aún no resuelta masacre de los 72 migrantes de San Fernando en 2010.

La existencia de grupos del crimen en el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, no se pueden ni deben estudiar como un fenómeno aislado. Es sabido que los mismos operan con la venia u omisión de las autoridades federales y algunas del orden estatal, de los tres estados citados.

La naciente guardia nacional, ya con dos años de existencia, no ha madurado en su operatividad y eficacia, no sabemos si son exmilitares que solo funcionan como contención, o si operan con funciones de inteligencia.

Este hecho, más la política de 'abrazos, no balazos' han demostrado su inoperancia, incluso observamos como el dirigente de ese proyecto, Alfonso Durazo, lo abortó al integrarse a su aspiración de ser gobernador del estado de Sonora, ya hace más de cuatro meses que dejó el cargo de Secretario de Seguridad Nacional.

Este modelo de guardia nacional se encuentra a la deriva, incluso mucho se ha mencionado que más de 20 mil guardias fueron utilizados en forma de distractores para contener las caravanas de migrantes, desde el sureste de México hasta la frontera norte del país, sin conocerse de ninguna acción certera que refleje una disminución de las corrientes migratorias, como el delito reciente de la masacre de Camargo.

Peor aún, es hablar de los agentes migratorios del INM, que ayer señaló la propia Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que dieron de baja en forma automática, a "decenas de agentes", sin precisar un número exacto y la ubicación de los mismos, solo generalizando que muchos son agentes ubicados en Camargo.

Siguiendo con las imprecisiones, se declaró que dichos agentes suspendidos fueron algunos señalados al abrir carpetas de investigación ante el Ministerio Público.

Estas imprecisiones, distan de las acciones resueltas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), que ya ubicaron, levantaron orden de aprehensión y detuvieron a 12 policías estatales señalados como sospechosos del horrendo crimen señalado de Camargo.

El estudio del crimen de tráfico de personas y migrantes, es un fenómeno que no puede seguir siendo soslayado, máxime desde que el gobierno del expresidente Donald Trump, obligó forzadamente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a retener en nuestra línea fronteriza, a miles de transmigrantes centroamericanos bajo la política impuesta de 'Quédate en México', en espera de las gestiones de asilo político, humanitario o de visas de trabajo.

Este suceso ha provocado que más de 60 mil centroamericanos, compuesto por hombres, mujeres, niños y familias enteras estén acampados desde hace más de un año en nuestra línea fronteriza, desde Tijuana hasta Matamoros.

Por lo citado, podemos imaginar los horrores de eventos y abusos que dichos migrantes sufren de manos de los grupos citados, empeorando por las malas prácticas de las diferentes autoridades de seguridad que aquí hemos descrito.

Este fenómeno, no debe ser atendido de forma exclusiva de las autoridades municipales, estatales y federales. Este complejo problema es transnacional.

No estoy de acuerdo que las autoridades de los gobiernos de los tres países expulsores se muestren 'indignados'.

En este suceso tienen tanta responsabilidad y deben asumir su rol los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, junto con la responsabilidad de las autoridades norteamericanas.

Es urgente que el gobierno de Joe Biden, cancele la lamentable política de 'Quédate en México'.

Apenas el pasado 29 de enero leímos la opinión de este tema, cuando la nueva administración del presidente Biden trabaja en cómo priorizar el apoyo a las personas que permanecen bajo el programa 'Quédate en México', también conocido como 'Protocolos de Protección a Migrantes' (MPP), para que todos tengan posibilidad de procesar su solicitud de asilo, declaró Roberta Jacobson, asistente especial del presidente Joe Biden y Coordinadora de la Frontera Sudoccidental.

Esto es apenas el principio de una colaboración internacional y transnacional entre los tres países del norte de Centroamérica, México y Estados Unidos.

Esta lamentable masacre terminada con 19 inocentes personas incineradas, será un parteaguas y una lección que no podemos permitir que se repita. De no ser así, la lección terminaría en complicidad e impunidad. 

¡Ya Basta! de seguir abusando de la necesidad de los migrantes que huyendo de la violencia y falta de oportunidades en sus países, vienen a caer en una circunstancia peor de la que vienen huyendo…

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.