Cuernavaca, Mor. (Agencia Informativa de México). - La Fiscalía Anticorrupción (FA) del Estado de Morelos, imputó el delito de cohecho al alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán y al sub secretario de Protección Civil, Gonzalo Barquín, por la supuesta intención de extorsionar a dos empresarios con 200 mil pesos. 

Durante la audiencia correspondiente efectuada este viernes, la FA presentó los argumentos y antecedentes, mediante los cuales sustentaría la acusación contra los servidores públicos, quienes serían las cabezas de un “sistema” de cobros a comerciantes semifijos y establecidos, así como de empresarios quienes encabezan proyectos de mayor envergadura. 

Según la FA, que representan a la parte presuntamente ofendida integrada por los hermanos José Alberto y Cristian Contreras Luna, dueños de un autocimena, el alcalde Villalobos y el subsecretario Barquín, están detrás de la exigencia de un grupo de inspectores de obtener 200 mil pesos para que los empresarios alcancen una licencia de funcionamiento. 

De acuerdo con su versión, la solicitud del dinero fue directa por parte de los inspectores y del subsecretario de PC, así como velada por parte del alcalde, por lo que durante la audiencia presentaron diversos testimonios, sobre todo de cuatro de los inspectores detenidos en flagrancia.

Al inicio de la sesión, el juez de la causa atajó los argumentos de la defensa de ambos señalados, basados, principalmente, en que el munícipe contaba con fuero y que la carpeta de la indagatoria de la Fiscalía Anticorrupción, estaba incompleta.

El juez Edi Sandoval Lomé consideró que la serie de argumentos esgrimidos por los defensores de Villalobos y Barquín eran “ociosos y dilatorios”, por lo que no sólo lo apercibió, sino también, advirtió que los multaría sí insistían en sus términos. 

Por el tema del supuesto fuero del que gozara Villalobos, lo que impediría la realización de la audiencia, el juez aseguró que eso es falso, ya que los alcaldes no cuentan con dicha protección, por lo que tampoco se requeriría un juicio de procedencia en el Congreso estatal para someterlo a un juicio, según el artículo 136 de la Constitución política local. 

Por lo que respecta al argumento de que la carpeta no estaba completa lo que habría impedido a la defensa conocerla por completo, y por tanto, estar en estado de indefensión, el juez aseguró que esa responsabilidad debió correr a cargo de los defensores y, en su momento, haber hecho las manifestaciones correspondientes ante el ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción.

Al finalizar la audiencia, el juez de la causa llamó a las partes para presentarse a la audiencia de vinculación a proceso que se efectuará el próximo uno de diciembre.