En su última gira del 20 de octubre, por el pueblo de Nava Coahuila, el presidente de México, anunciaba frente al gobernador del estado y del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que era un hecho inminente la reestructuración y puesta en marcha de las ocho viejas plantas carboeléctricas de dicha institución.

Lo anterior, teniendo como significado el uso y abuso intensivo del carbón y combustóleo para la generación de electricidad del país, dejando de incentivar e incluso parar en seco, la inercia de iniciativas de producción de energía eléctrica por medio de fuentes limpias, como es la del aire (eólicas), la del sol (solares), la del agua (hidroeléctricas), la del vapor (termales).

En esa ocasión, parte del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba que al pasado desarrollo nacional del sector energético como 'neoliberal' y conducido como un 'sofisma'.

Argumentó que [...] "Existen en la CFE ocho grandes generadores de energía con carbón y apenas permiten que trabaje uno, siete parados, porque no le autorizan, de acuerdo a la nueva normatividad que se estableció en el periodo neoliberal, producir ni a esta planta ni a las otras plantas de la CFE a toda su capacidad".

"Esto que sucede aquí con estas generadoras de energía con carbón, es lo mismo que pasa con las presas, con las hidroeléctricas que están subutilizadas, tienen capacidad para producir, pero no tienen autorización para despachar, para subir la energía eléctrica que produce la CFE, porque se protege a las plantas particulares" citaba.

Rematando que "Utilizaron otro sofisma, lo de las energías limpias, el que estas plantas de la CFE ya son viejas y contaminan, y que por lo mismo era mejor la producción de energía con gas, las termoeléctricas, las eólicas o energía solar, energías que, en efecto, no contaminan, pero están subsidiadas; produzcan o no produzcan, la Comisión Federal -con presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo- les tiene que comprar la energía eléctrica" (Fin de cita).

Esta postura del gobierno federal, tiene dos años de estar amenazando los desarrollos previos de otras instancias gubernamentales, como lo son de estados como Tamaulipas, Coahuila, Oaxaca, entre otros, para desarrollar plantas eólicas y solares con fuertes componentes de inversión nacional y extranjera.

Incluso se han afectado inversiones previas al actual gobierno, motivadas y fomentadas por la anterior Reforma Energética.

Bajo esa política energética, que además va en consonancia con las políticas globales internacionales de respeto al medio ambiente marcadas por la ONU en la Carta de la Tierra que fue signada por México y es un compromiso ineludible.

Viene a cuento esto, al conocer que desde el año 2019, la actual Secretaria de Energía (SE), Rocio Nahle, en conjunto con el Director General de la CFE, Manuel Bartlet y el Director General de Pemex, Octavio Herrera, con el beneplácito de la CRE, dictaron un decreto que impedía el desarrollo de dichas energías limpias bajo el argumento de la soberanía nacional en la producción de electricidad y energía a  base de fuentes sucias como el petróleo pesado de Pemex, combustóleo y el citado carbón mineral. 

Por estas medidas se afectaban, en primera instancia, las inversiones previas nacionales y extranjeras, la distribución de electricidad de compañías eólicas y solares ya en operación, a la par de la actual instalación de nuevos parques eólicos y solares en proceso de construcción.

Sin embargo, dichas medidas dictadas por la Secretaría de Energía para desplazar las energías limpias y renovables del mercado eléctrico mayorista, no podrán aplicarse hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva su constitucionalidad, en forma definitiva, tal y como está aconteciendo en diversos juicios de amparo promovidos por empresas particulares y organizaciones de defensa del medioambiente. Esta noticia trascendió este miércoles ante el fallo por unanimidad de la SCJN.

La Primera Sala de la SCJN avaló este miércoles, por unanimidad, la suspensión del Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Acuerdo SENER), hasta en tanto se resuelvan las controversias constitucionales promovidas, entre otros, por el Estado de Tamaulipas.

En su demanda inicial, el Estado de Tamaulipas expuso ante la Suprema Corte que el Gobierno Federal invadió sus facultades originarias, argumentando que los Tratados Internacionales y la Constitución General de la República establecen el deber de propiciar y alentar la transición hacia energías limpias y sustentables, así como la obligación de garantizar el acceso en condiciones no discriminatorias y competitivas a las energías renovables.

Esto significa que las leyes promueven que el país avance hacia una matriz energética que no dependa del carbón, los combustóleos y las demás fuentes fósiles.

La decisión cautelar de la Suprema Corte aporta certidumbre jurídica a los más de 4 mil millones de dólares de inversión privada en energías renovables que se han impulsado en el Estado de Tamaulipas desde el inicio de la actual administración, lo cual ha sido un compromiso del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.