Pachuca de Soto, Hgo. - El secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo, José Meneses Arrieta, anunció que la entidad perderá unos mil 760 millones de pesos, en tres años, con la extinción de 2 fideicomisos, luego de aprobarse la desaparición de éstos.

El funcionario estatal compareció ante los diputados locales y externó su preocupación por la desaparición de estos fideicomisos por parte del gobierno federal, acción que afectará principalmente a grupos indígenas y deja sin posibilidad a las autoridades locales de maniobrar para casos de desastres naturales.

Explicó que para operar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), se requiere recursos adicionales utilizados en rehabilitar caminos y atender a damnificados, ya que sobre todo en la sierra alta y en la huasteca, las afectaciones son múltiples no sólo por el paso de huracanes, sino por en la temporada regular de lluvias, aseguró.

“Tan sólo por la extinción de 2 fideicomisos, Hidalgo perderá alrededor de mil 760 millones de pesos en tres años”, afirmó ante diputados locales.

Sin embargo, aseveró que ante estos desafíos; “Hidalgo avanza, con la atención a las necesidades más apremiantes de las y los hidalguenses, con el trabajo colectivo y solidario entre sociedad y gobierno, lo que estamos seguros, nos permitirá dejarles a las futuras generaciones un mejor Estado”.

Aseguró que la SOPOT trabaja para acercar los servicios básicos, como agua potable, drenaje y electricidad a las familias de Hidalgo, así como en mejorar sus viviendas y las condiciones de la red carretera estatal, lo que les permite tener un mejor acceso a los servicios de salud, educación, alimentación, cultura, deporte y seguridad, y mejorar la calidad de vida.

Asimismo, dijo que ante la pandemia del Covid-19, el gobierno estatal realizó diversas acciones oportunas como la implementación del programa Operativo Escudo, del cual la SOPOT forma parte con la instalación y limpieza diaria de los cuatro Hospitales de Respuesta Inmediata Covid-19, la cloración de fuentes de abastecimiento de agua potable de los 84 municipios, así como la suspensión de cortes al suministro y cobros excesivos del servicio de agua potable en la zona metropolitana.