Ciudad de México, (Agencia Informativa de México).- En la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, consideró que el dictamen de la Suprema Corte de Justica que aprobó la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, iniciativa presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es una pifia jurídica.

La aprobación, señalaron mediante un comunicado de prensa, es una muestra que la Suprema Corte de Justicia cedió a las presiones políticas y “provocará consecuencias desastrosas para los derechos humanos al inicia la etapa en donde la impartición de la justicia se pone a consideración de la votación popular”.

La aplicación de justicia y la defensa de los derechos humanos, explicaron, no debe estar sometida a una consulta popular, simplemente se deben de cumplir los mandaros y leyes expuestos en la Constitución, y no para satisfacer la voluntad del presidente, que consecuentemente, evidencia el sometimiento de poderes.

“Como mexicanos tenemos que defender y promover valores que nos han costado construir como son: democracia, división de poderes, autonomía, pero, sobre todo, y sobre todo la justicia de acuerdo a las leyes establecidas en la Constitución”, señalaron en su comunicado.

De continuar por este camino, “terminaremos legalizando los linchamientos y juicios populares”, advierten, “bajo el argumento de que es el ‘pueblo’ quien lo pidió sin que pueda considerarse un tribunal competente que determine la culpabilidad o inocencia de los acusados”.

Además, consideraron que la consulta es completamente innecesaria para la aplicación de justicia, esto sólo representará un gasto más que puede ser ocupado para temas de mayor importancia como lo es la atención adecuada a la emergencia sanitaria por el Covid-19.