Cuernavaca, Mor., (Agencia Informativa de México).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anunció el ingreso de cuatro demandas de amparo en juzgados del estado de Morelos, para evitar la aplicación de la Ley local de video vigilancia (LVV), que obliga a todo establecimiento, industria o servicio a instalar cámaras con grabación de video y audio, con perjuicio a la privacidad de clientes, usuarios y hasta empresarios.

En rueda de prensa, Ángel Adame Jiménez, presidente del organismo empresarial, anunció que las 18 cámaras y agrupaciones que integra al CEE, optaron por la vía jurídica para frenar la aplicación de dicha ley, que fue aprobada el pasado 12 de agosto, sin que mediara consensos o estudios jurídicos previos.

Refirió que esta legislación obliga a los empresarios, prestadores de servicio y comerciantes, a invertir en dichos equipos, grabar a sus clientes, aún incluso en conversaciones privadas, y hasta entregar listados de información personal de los trabajadores de cada comercio, empresa o centro.

Además, indicó, la autoridad, en este caso la Fiscalía General del estado (FGE) ò la Comisión Estatal de Seguridad (CES) puede solicitar a los particulares una copia de dichas grabaciones, sin que medie una orden o una justificación judicial.

Antonio Sánchez Purón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), informó que además de las cuatro amparos interpuestos, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) inició también un recurso de inconstitucionalidad, ya que los procesos legislativos utilizados para la creación de dicho ordenamiento, también invadieron esferas de acción pertenecientes al Congreso federal, abundó el titular del órgano defensor de derechos humanos, Raúl Israel Hernández Cruz.

“Se considera que el proceso legislativo no fue legal, entre otras cuestiones, por no existir una deliberación de su estructura, lineamientos y alcances con todos los diputados y con la ciudadanía. Se considera que fue impuesta, votada y aprobada en una sola sesión”, expresó a nombre de la Canaco, Cmic, Adiem-Comparmex, Canacintra, Canaco, Apamab, Canirac, Amda, entre otras.

En el pronunciamiento realizado por el conglomerado de representantes comerciales, industriales, empresariales y de servicios, compuesto de seis puntos, se deja claro que la LVV, atenta contra las comunicaciones privadas, impone adecuaciones a las leyes y reglamentos municipales, invade jurisdicciones y carece de certeza en su aplicación.

Finalmente, Samuel Muciño, presidente de la Asociación de Industriales (Adiem) aseguró que la seguridad pública es de interés común, pero el tema que en el que no pueden transigir, es de la calidad de las reglas de la nueva ley.