De los 147 proyectos originales de noviembre del año pasado, con un presupuesto superior a los 859 mil millones de pesos, al final solo se presentaron 39 proyectos con un presupuesto de 297 mil 344 millones.

Quiere decir, que la pandemia dio un fuerte golpe al plan original qué del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura con el gobierno federal, la iniciativa privada en un principio desarrollaría un paquete inicial de 147 proyectos en todo el país, de un total de 859 mil 022 millones de pesos, este plan inicial se redujo a solo 39 proyectos con 297 mil 344 millones. Significa que el recorte de la crisis económica y de la pandemia redujo a solo un 25% de los programas originales.

El plan inicial contemplaba 42 proyectos carreteros, 8 de ferrocarriles y trenes suburbanos, 22 acciones de infraestructura básica en puertos, 29 relacionadas con obras en aeropuertos, 4 del sector telecomunicaciones, 12 relacionadas con agua y su saneamiento, 15 del sector turístico, así como un nuevo hospital en Coahuila y un estadio.

Ahora en este nuevo plan privado, público y social remasterizado, de los 39 proyectos, siete ya están en ejecución por un valor mayor a 38 mil millones de pesos.

De los montos, 196 mil 231 millones de pesos corresponden a comunicaciones y transportes, 2 mil 133 millones de pesos a agua y medio ambiente, y por primera vez se incluyen cinco proyectos de energía por 98 mil 980 millones de pesos.

Sobresale el rescate del tren rápido México Querétaro. La gran mayoría de proyectos se concentran en la construcción de carreteras, libramientos, caminos, puentes y muelles, trenes suburbanos y la modernización de Puerto Progreso. Por lo que hace a los proyectos de energía se concentran en transporte y almacenamiento de hidrocarburos y actividades de transformación de hidrocarburos.

Pero lo más cuestionable, es que el nuevo plan incluye una inversión en energía de 98 mil 980 millones de pesos repartidos en cinco proyectos, pero no contempla gastar en el sector de las energías renovables, lo que será una mala señal de los planes del Ejecutivo para el sector, por lo que no hay un interés de promover las energías renovables ni el sector eléctrico en general.

Estos proyectos arrancarían este año y en 2021, mientras que aquellos que faltan por anunciar iniciarían en 2022.

El plan radica en que 87% de la inversión del país proviene del sector privado, y menos del 13% del sector público. Por lo que claramente se evalúa que es un plan privatizado, por lo que este plan significa un acercamiento entre el Gobierno y los empresarios, que llevaban casi un año chocando por la gestión de la crisis económica de la pandemia, el cambio de política energética y el nuevo etiquetado de alimentos.

Vale la pena resaltar que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, reiteró en su intervención que la meta sigue siendo que la inversión pública y privada alcance un 25% del PIB en los siguientes 4 años. Ahora solo representa el 5% en este arranque. Lo importante ahora es que se limen asperezas y la 4T de garantías de confianza...

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.