El Congreso de la Unión, dispone hasta el 15 de noviembre para discutir, modificar y/o aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, presentado el pasado 8 del presente mes.

Entre los supuestos considerados por la secretaría de Hacienda, prevalecen los siguientes:

En el contexto de la crisis sanitaria y económica más profunda en décadas, el paquete económico 2021 mantiene prácticamente intactos los planes gubernamentales previos al inicio de la pandemia.

Pese a la necesidad de aumentar el financiamiento de bienes y servicios públicos para garantizar derechos humanos, el paquete económico no contempla políticas tributarias enfocadas en gravar la riqueza de quienes más tienen, mientras que destina menos recursos a la implementación del combate a la evasión fiscal, la gran apuesta recaudatoria del sexenio.

En materia de gasto público, mientras que aumentará el presupuesto en desarrollo social, específicamente en salud, algunas instituciones como INSABI, IMSS e ISSSTE, fundamentales durante la emergencia sanitaria por COVID-19, perderán presupuesto en términos reales.

Es preocupante que el aumento del presupuesto en programas sociales prioritarios –una de las estrategias principales para combatir los efectos de la pandemia–sea apenas del 0.8%.

Este incremento será insuficiente ante la caída de ingresos en 7 de cada 10 hogares con niñas, niños y adolescentes en el país y la dramática expansión de la pobreza que implica el aumento de la población en nivel de pobreza extrema de 22 a 38 millones de personas en derechos humanos.

Medio ambiente, igualdad de género, protección y defensa de derechos humanos, atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas sufrirán disminuciones presupuestarias.

En contraste, y a pesar de los estragos de la crisis económica, la política energética seguirá siendo una prioridad, como lo indica, entre otros, la asignación de recursos para proyectos destinados a la fractura hidráulica, mejor conocida como fracking.

El combate a la corrupción, uno de los principales objetivos de esta administración, también sufrirá disminuciones presupuestarias.

La Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción recibirán menos recursos el próximo ejercicio fiscal.

Por lo tanto, es de suma importantancia que el Congreso garantice la suficiencia presupuestaria de estas instituciones, al menos en montos similares a los de años anteriores y conforme a las funciones que les corresponden.

Este documento desarrolla los aspectos más relevantes del Paquete Económico 2021 relacionados con la agenda de incidencia de Fundar, en particular acerca de las políticas tributarias y de gasto público enfocadas en combatir la desigualdad económica y la garantía de los derechos humanos.

ESTADOS Y MUNICIPIOS LOS MÁS AFECTADOS:

Los más golpeados y castigados por esta propuesta presupuestal, serán los estados y municipios. De un promedio histórico del 20% del total a destinar a las regiones, este presupuesto solo previene el 18.7% para las localidades del país. 

Significa que, en el documento se propone un total de 1.87 billones de pesos para estados y municipios en el 2021, frente a 1.98 billones aprobados para el ejercicio fiscal 2020.

En absolutos, es una diferencia de 108,521 millones de pesos (a precios del 2021), mientras en términos relativos significa una contracción anual de 5.5%, a precios del 2021 (variación real).

Por entidad, según información del Centro de Estudios de la Finanzas Públicas, las disminuciones más pronunciadas se darían en Campeche (10.5% real), Tabasco, Nayarit (cada uno con 7.9%), Sonora (7.6%), Morelos (7.3%) y Guanajuato (7.1 por ciento).

Los menores decrecimientos se observarían en Tamaulipas (2.1%) y Zacatecas (2.8 por ciento).

Las entidades con mayor gasto federalizado a ejercer el próximo año serían Estado de México (alrededor de 207,700 millones de pesos), Ciudad de México (157,700 millones), Veracruz (114,300 millones), Jalisco (105,300 millones) y Chiapas (86,400 millones).

En la parte baja, Campeche, Baja California Sur y Colima recibirían menos de 19,000 millones de pesos.

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.