Desde principios de esta semana, el centro y sur del Estado de Chihuahua vive tiempos convulsos y delicados, motivados por una parte a la escasez de agua para el campo, y por otra la falta de sensibilidad del gobierno federal.

Es conocido que nuestro gobierno tiene compromisos históricos sobre el uso y destino de las aguas fronterizas desde el Tratado Internacional de Aguas de 1944 con los Estados Unidos.

Por más de 75 años, se han registrado años de altas sequías y otros de abundancia de aguas de lluvia, que ha permitido ser flexibles en abonar nuestros compromisos puntuales y en otras veces, pasar de un año a otro los pagos de cuotas recuperando los años no satisfechos.

Este año y el pasado, con el actual gobierno y las autoridades de la Conagua y la Sader, observamos una postura más favorable a cumplir a pie juntillas con las autoridades norteamericanas, y menos proactiva a nuestros agricultores, que de por sí desde el 2019 vienen sufriendo las sequías del clima y falta de aguas en las presas, a la par con el retiro de programas tradicionales de apoyos del campo como son Procampo, Progran, Semillas, Fertilizantes, Diésel, Irrigación, entre otros estímulos.

Ahora bien, en este caso de las cuotas de la Presa La Boquilla, se observa que la sobreexplotación del agua que vive el estado de Chihuahua volvió a la escena nacional e internacional, gracias al reciente conflicto citado de seguir trasvasando aguas cuando la misma se encuentra a menos del 30% de su capacidad.

Por tal motivo, la postura de los genuinos derechohabientes de esas aguas ancestrales, los pobladores de la región, agricultores, organizaciones y actores políticos, desde el pasado mes de febrero vienen defendiendo sus derechos ante las autoridades federales de la Conagua, además de solicitar el respaldo de la Guardia Nacional para evitar abrir las compuertas de la presa y dar paso al vital líquido que, junto con otros estados, se entregará a EUA, derivado del citado Tratado Internacional de Aguas de 1944.

Desde principios de este año, la Conagua reconocía que para acatar los compromisos se tendrían que extraer mil millones de metros cúbicos de la presa La Boquilla y 100 millones de metros cúbicos de la presa derivadora Luis L. León -también conocida como El Granero- ubicadas en Chihuahua; 150 millones de metros cúbicos de la Marte R. Gómez, en Tamaulipas, y cien milones de m3, en Coahuila.

Siendo la parte más conflictiva, la situación actual de la presa de La Boquilla, que es una de las principales presas del estado, se ubica en el cauce del Río Conchos, el mayor en el estado, atravesando el municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua, de ahí la importancia del conflicto.

Lo cierto es que hay malestar y preocupación real por garantizar el suministro del agua para los agricultores locales en una zona donde en los últimos años se ha extendido la siembra nogalera, cultivo que reclama grandes cantidades de agua para mantenerse, misma que es escasa en un estado que en 2/3 partes es semidesértico.

Chihuahua es el mayor productor de nuez a nivel nacional y su producción se exporta principalmente a China y los Estados Unidos.

En el contexto de esta grave situación, este martes 8 de septiembre tronó la situación ante la toma de las instalaciones de la citada presa, con las consabidas repercusiones que más de 5 mil agricultores se enfrentaron a mil integrantes de la Guardia Nacional, presentándose hasta este jueves por la noche una situación de incertidumbre y zozobra que apenas está iniciando.

Lo más preocupante hasta este momento, nos son las cuestiones técnicas, e incluso no se ha escuchado la opinión de la parte norteamericana. Por lo que lo agrava en realidad es la situación política.

Es ya muy notoria la polarización de los conflictos regionales que este gobierno federal viene enfrentando con los estados gobernados por distintos partidos políticos. Aquí es donde habrá que poner especial atención.

La política es mala consejera y los más afectados son los ciudadanos. Por eso se pide mesura, conciliación y negociación por el bien de México y todos los mexicanos…

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.