No obstante, los reveses jurídicos que el poder judicial ha dado a las políticas de reversa de la Federación, en Tamaulipas desde julio se resintienten los efectos de las políticas en materia energética del gobierno federal.

Primeramente, en junio, el poder judicial falló a favor de 17 empresas de energía renovable al otorgar la suspensión temporal contra el Acuerdo para mantener la confiabilidad de la red durante la contingencia por el Covid-19 del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Posteriormente, a principios de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la controversia constitucional promovida por el gobierno de Tamaulipas contra los mismos acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Secretaría de Energía (Sener) que limitan las energías renovables.

En su demanda, turnada al ministro Luis María Aguilar para su revisión y posterior admisión, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca considera que dichos acuerdos restringen la competitividad de las empresas generadoras de energía solar y eólica.

Así, la SCJN otorgó el 6 de julio, una nueva suspensión temporal contra un decreto que limitaba la entrada de energías limpias al mercado eléctrico mexicano. En esta ocasión, se trata del estado de Tamaulipas, que demandó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para impedir que estas medidas se apliquen en la entidad.

Sin embargo, desde enero de este año, estas políticas reversibles a las energías limpias y vuelta al pasado de las energías sucias como el carbón y el combustóleo, han sido cuestionadas por el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, que expresó que la decisión del gobierno federal de detener la inversión en energía limpia, impactaría en Tamaulipas en al menos 15 proyectos, 11 en operaciones y 4 en desarrollo, donde hay inversiones por 3 mil 500 mdd.

Se sabe ya que la decisión del gobierno federal de suspender las subastas eléctricas paralizaron 4 proyectos de energía eólica  
programados para Tamaulipas en lo que va de este año. 

Una compañía tenía prevista en el municipio de Méndez construir infraestructura para generar 500 megawatts, donde proyecta invertir alrededor de 500 millones de dólares, informó la Secretaría de Desarrollo Económico estatal. 

La inversión más grave que ya fue suspendida a mediados de julio, fue la del parque eólico que debería haber comenzado en mayo, con una inversión de 500 millones de dólares, la generación de empleos de ese parque era de 400 puestos de trabajo y produciría 300 megawatts. Lo anterior, lo reveló María Antonieta Gómez López, comisionada de Energía en Tamaulipas en el webinar “La generación eléctrica y los efectos en el medio ambiente”.

La comisionada de Energía de Tamaulipas señaló que en este momento hay 4 parques eólicos en proceso con una inversión de 729 millones de dólares, pero deberían ser 5, lamentablemente el inversionista decidió no hacerlo ante el clima político del país en este sector.

Este proceso de toma y daca seguirá siendo cuestionado por autoridades locales, investigadores y organizaciones ambientalistas, que ven con preocupación las políticas públicas de la actual administración. Esperamos que pronto medie la cordura y que Tamaulipas siga con la tendencia de ser hoy la segunda entidad más importante en producción y desarrollo de parques de energías limpias y renovables.

La postura más clara en defensa de lo aquí citado, la están encabezando el gobernador de Tamaulipas, junto el resto de los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista, que está semana definieron los puntos que desean integrar a la agenda que revisará la Conago este miércoles 19 de agosto, entre los que se encuentra una mayor inversión en salud, una estrategia para la reactivación económica y el desarrollo de energías limpias.

De no considerar las propuestas, el bloque acordó no atender la reunión, como definieron en su última junta realizada en Torreón el martes pasado.

Para los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Colima, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, se tratan de temas prioritarios para el país, que según sus evalucaciones, se enfrenta a la etapa más crítica de la contingencia por Covid-19.

Particularmente, en el tema de parar la postura de la 4T contra los desarrolladores de energías renovables, se subraya el punto cuatro de las propuestas que dice lo siguiente:

"Los gobernadores Federalistas insisten en que se necesita desarrollar una política pública en pro a las energías verdes, para que México tenga una mejor relación con su patrimonio natural y se dejen de utilizar energías no renovables"...

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.