La función constitucional de las fuerzas armadas son Organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con objeto de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.

Sin embargo, ahora el Ejército y Marina ya atienden y controlan casi todo. A partir del lunes lo harán con Aduanas y Puertos.

60% de las fuerzas armadas atienden temas de seguridad y 40% otras acciones fuera de sus postulados, entre las que podemos citar: constructores aeropuerto, refinería, tren Maya, limpia de sargazos en playas, guardia civil, sembrando árboles, jóvenes construyendo el futuro, construyen bancos del bienestar, etcétera).

Esto es hoy las fuerzas armadas atienden desde labores de construcción, desarrollo social, reparto de libros y medicinas, edificación de bancos y un aeropuerto, plantación de árboles y hasta el traslado de las cenizas de José José o el rescate de un ex presidente perseguido en Bolivia. Más lo que se requiera por la 4T.

Ayer el escritor Raymundo Riva Palacios acotó que... "A Jiménez Espriú lo alcanzó esa realidad que no aceptó. El López Obrador que separaba el gobierno civil del militar, no existe ya. Hoy está entregado a las Fuerzas Armadas, sin importar sus capacidades y experiencias, pero que le dan tranquilidad en sus sueños en Palacio Nacional, al dejar que otros resuelvan como puedan, aquellos temas donde se sabe rebasado".

SITUACIÓN ACTUAL DE LA GUARDIA NACIONAL:

Desde el año 2007, la inseguridad pública en México ha crecido de manera sostenida. La estrategia de seguridad iniciada en el gobierno de Felipe Calderón fue mantenida y reproducida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y, aunque la actual administración prometió terminar con ella y con la grave situación de inseguridad del país, hasta ahora la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México no ha mejorado esta situación.

Aunque la mayoría de las recomendaciones de expertos y organismos internacionales están dirigidas a desmilitarizar paulatinamente la seguridad pública, las decisiones gubernamentales parecen hacer lo contrario.

Un ejemplo de ello es el acuerdo emitido por el Presidente de la República sobre la Guardia Nacional en el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública por lo que resta del Militarización y seguridad pública sexenio.

Esta decisión se toma en medio de un incremento en la incidencia delictiva en donde lasvcifras de homicidios son particularmente preocupantes.

MAYOR INSEGURIDAD ANTE MÁS DESEMPLEO:

México se enfrenta a una de sus mayores crisis económicas, el choque de oferta inducido por la crisis sanitaria ha tenido un grave impacto sobre la demanda de empleo.

El paro de actividades sin embargo puede crear mayores diferencias de ingresos entre los mexicanos ya que, desde el análisis del empleo formal se puede observar que poco más del 92% de la pérdida acumulada de empleos entre enero y mayo de 2020 se concentra en los empleos con salarios menores o iguales a 3 umas, es decir hasta 7,923.45 pesos al mes, en cambio los empleos con un nivel de ingresos mayor presentan pérdidas poco significativas respecto del total.

Ya INEGI reconoce un paro técnico de cerca de 16 millones de personas, lo que sumado al millón 100 mil desempleados por parte del padrón del IMSS al mes de junio del 2020, el impacto estimado al final del 2020 es grave.

Lo lamentable es que desde ahora se ven incrementadas las acciones de violencia e inseguridad, que dada la situación crítica de pérdida de ingresos y de empleos se verá reflejado en más robos, secuestros, feminicidios, entre otras acciones no deseadas.

La participación de la Guardia Nacional hasta ahora, no se ha visto en los números de disminución de la seguridad pública nacional.

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.