Este lunes, tuve acceso a un comunicado vía Facebook, que publicó Pilar Alonso, misma que cita lo siguiente:

(...) Ante los embates centralistas de cambiar el artículo 21 de la Constitución mexicana, buscando abrogar el gobierno federal la decisión de poder acceder de forma indiscriminada y sin cortapisas de las 32 entidades de la república y de la Cámara de Diputados, y lograr reasignar las partidas presupuestarias en tiempos de crisis y pandemias como la que ahora sufre México.

Estos embates del presidente, hasta este fin de semana, permiten interpretar que el Ejecutivo busca asumir la función del Poder Legislativo.

En su columna de Pablo Hiriart este lunes en El Financiero, cita que (...) lo anterior se llama golpe de un poder a otro, cuyas tareas asume en el renglón clave del Presupuesto.

López Obrador va a decidir los cambios aprobados soberanamente por otro poder.

Va a concentrar en su persona las facultades que la democracia había separado.

Todo el destino de los recursos públicos se decidirá en Palacio Nacional.

Un paso más hacia la dictadura, que se tratará de concretar esta semana, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones –el día último de este mes.

Con ello López Obrador concentrará el poder Ejecutivo, el Legislativo en la asignación del gasto, y el Judicial, donde cuenta ya con la subordinación de buena parte de los integrantes de ese poder.

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/esta-semana-viene-un-gol (...)

Por lo anterior, y continuando con la cita previa de Pilar Alonso:

(...) 21 estados de la república se alistan a formar el bloque más grande del país contra el gobierno de López Obrador, y tomarán una amparo colectivo contra el pacto federal, para suspender todo tipo de apoyo a la federación por las próximos 4.5 años.

Si se logra este propósito, podrían dedicar los ingresos que se recolectan a beneficio de sus propios estados, para esto podrían solo ser reconocidos como estados asociados a la federación, por lo cual el gobierno no tendría injerencia directa en las tomas de decisiones de los estados.

Con dicha figura de estados asociados, tendrían la ventaja de regularse entre ellos mismos formando acuerdo de cooperación mutua al grado que si las cosas se complicaran podrían separarse definitivamente del resto de la federación, y con esto traería una ruptura a nivel federal en muchos programas clientelares de la 4T, se irían el 95% de los estados del norte y varios del centro y de la península de Yucatán, esto mismo provoca el rompimiento del consenso de la unión y del Senado, ya que los estados en separación desconocerían a los actuales legisladores ya que al ser estados asociados sin beneficio de la federación, ellos no necesitan representantes donde no tienen un beneficio, por lo cual solo se regirán con sus congresos locales y leyes locales.

La Constitución solo servirá de referencia al gobierno interno de cada estado. Esto, aunque suena descabellado, tiene lógica la democracia se rige por la mayoría, y si la mayoría decide separarse y desconocer a sus legisladores federales, entonces los acuerdo internos del congreso de la federación y el Senado no tendría repercusión en las decisiones locales de los estados. 

Aquí es importante que los Congresos de los Estados sean mayoría y logren el consenso interno y el ejecutivo local lance la separación como decreto del estado y el congreso del estado lo apruebe quedaría solo como estado asociado sin beneficio de la federación, pero con la autonomía para hacer alianza con los 21 estados que se separarían y así formar un bloque que se autorregula con un gobierno asociado que los conduzca a una estado de prosperidad y democracia, local, mientras se define su permanencia en la federación de Estados Unidos Mexicanos o separarse definitivamente y formar una nuevo bloque de estados independientes.

(Fin de la cita en https://m.facebook.com/groups/253659811863448?view=permalink&id=665566157339476).

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.