México, (Notimex). - La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 94/2019 en favor de la familia Ponce, originaria de Chihuahua, la cual en 2013 se vio forzada a dejar sus propiedades en el municipio de Saucillos por la escalada de violencia que se presentó en la región, desde 2010.

La recomendación fue dada a conocer por la CNDH a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); en esta se reconoce que la familia Ponce fue víctima sistemática de diversos crímenes por parte de la delincuencia organizada, y pese a que los delitos fueron denunciados en su momento, las autoridades competentes no las atendieron.

En comunicado, el organismo autónomo indica que, a consecuencia de los ataques cometidos en contra de la familia, y ante la evidente colusión entre las autoridades ministeriales y los integrantes de la delincuencia organizada, varios miembros de la familia se vieron en la necesidad de desplazarse forzadamente, reiniciaron su vida en otros estados.

Además, por las omisiones de las autoridades de todos los niveles, en 2016 la familia presentó una queja ante la CNDH, en la que se puso de manifiesto el desplazamiento forzado, la incapacidad del Estado mexicano, en los tres niveles, para atender y reparar los daños sufridos.

Por lo anterior, la recomendación 94/2019 reconoce el caso como desplazamiento interno forzado causado por la violencia generalizada en Chihuahua, además de que hubo violaciones al interés superior de la niñez, pues de los 102 integrantes que se han desplazado, 27 eran niños y niñas, y siete nacieron durante el desplazamiento; el documento contempla los impactos generados en las 26 mujeres y de los adultos mayores de la familia.

En el documento la CNDH señala como autoridades responsables del desplazamiento forzado de la familia, a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), al gobernador, y al fiscal estatal, así como a los alcaldes de los municipios de Saucillos y Delicias.

Por ello, entre las recomendaciones emitidas se contempla que el gobierno de Chihuahua, la CEAV, y los municipios señalados realicen en un plazo, no mayor a seis meses, un diagnóstico sobre las personas desplazadas y retornadas; en un plazo de seis meses las autoridades deberán un Programa de Atención Integral a la familia; en seis meses deberán diseñar un plan para que la familia restablezca sus medios de subsistencia (eran ganaderos), mientras que la fiscalía estatal tendrá seis meses para diseñar un protocolo de actuación en el tema del desplazamiento forzado.

Por último, la CMDPDH subrayó el hecho de que la CNDH no emitiera recomendación alguna a la Fiscalía General de la República con respecto al caso de la familia Ponce.