Reynosa, Tamaulipas. - Ante reportes de colusión entre agentes aduanales y grupos delincuenciales contra transmigrantes que cruzan de Estados Unidos por Tamaulipas hacia sus países de origen, el presidente de Derechos Humanos Internacional, Álvaro Arce Paz, solicitó al Gobierno Federal la apertura de rutas seguras por el Estado.

Señaló que envió una carta al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en donde explicó que la sección aduanera Lucio Blanco, conocido como Puente Los Indios en Matamoros, es desde hace más de dos décadas el único punto aduanero a nivel nacional autorizado para el cruce de transmigrantes provenientes de Estados Unidos con destino a Centroamérica.

Agregó que esta situación ha generado vicios y corrupción entre delincuentes y autoridades, que atentan de manera directa en contra de los transmigrantes que tienen por ley y necesidad que utilizar a Tamaulipas como único punto de cruce autorizado, y puntualizó que al ser punto exclusivo pasan por este cruce más de 50 mil transmigrantes.

"Consideramos urgente e impostergable el abrir nuevas rutas para el cruce de transmigrantes que actualmente se da únicamente por exclusividad por Matamoros, Tamaulipas, ya que estos en la práctica de acuerdo a un gran número de reportes son extorsionados por autoridades mexicanas y por delincuentes", manifestó.

Dijo que por Tamaulipas cruzan al año más de 50 mil transmigrantes y la gran mayoría son además extorsionados por policías federales, que se supone están para vigilar y mantener el orden y la paz en las carreteras tamaulipecas.

"Por lo anterior y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan estas personas en Tamaulipas, es urgente que el Gobierno Federal modifique la ruta de recorrido para disminuir el riesgo constante de ataque a sus derechos humanos e inclusive de muerte", expuso.

Precisó que de acuerdo a manifestaciones propias de los transmigrantes en Tamaulipas los consulados de Guatemala, Belice, Salvador y Honduras, que deberían tener una férrea defensa de sus connacionales, nada están haciendo por darles protección ante las violaciones de sus derechos humanos y vulnerabilidad a que son expuestos en México y en especial en el Estado.

La carta va además dirigida a Ricardo Ahued Bardahuil, director general de Aduanas; al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República; Margarita Ríos-Fajart, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados y al gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca.