Quien habla más de la cuenta corre el riesgo de comerse sus propias palabras, de quedar mal por todos lados y de que al final todos lo tilden de bocón. Por ello se deben pensar dos veces las cosas antes de decirlas, conectando el cerebro antes de poner a funcionar la lengua.  Y quien no piensa las cosas está condenado a regar el tepache una, y otra, y otra vez.

Y es que con esta sentencia puedo salpicar a varios políticos que acostumbran hablar mucho y accionar poco, lo que al paso del tiempo se conoce y la gente ya no se las cree.

El tema hoy lo apunto porque desde hace varias semanas, concretamente con la llegada de la nueva administración federal, la de la 4T, se dijo que se iban a quitar todos los privilegios que los ex presidentes tenían: pensión, personal de seguridad, personal de apoyo y algunos gastos, independientes de su pensión.

Gracias a distintos acuerdos del Ejecutivo Federal, establecidos en 1976 y 1987, los ex presidentes de México gozaban, hasta la llegada del nuevo gobierno federal, de una pensión mensual aproximada a los 205 mil pesos y tenían derecho a elementos de seguridad, personal administrativo, un seguro de vida y gastos médicos mayores.

México tiene actualmente cinco ex presidentes vivos: Luis Echeverría Álvarez, quien fue titular del ejecutivo federal de 1970 a 1976; Carlos Salinas de Gortari quien fue presidente de 1988 a 1994; Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fue presidente de 1994 al año 2000; Vicente Fox Quesada quien ocupó la primera magistratura del país del año 2000 al año 2006; Felipe Calderón Hinojosa, quien ocupó la titularidad del ejecutivo federal del año 2006 al 2012; y Enrique Peña Nieto, presidente de México de 2012 a 2018.

De acuerdo con información pública, los priistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo renunciaron a recibir su pensión, pero se conoce que sí tienen personal de apoyo del Estado Mexicano asignados a su servicio.

Asimismo, las viudas de José López Portillo, Alejandra Acimovic, mejor conocida como Sasha Montenegro y Paloma Cordero Tapia, quien viuda de Miguel de la Madrid Hurtado, reciben aproximadamente 102 mil pesos mensuales.

Según el acuerdo 7637, emitido el 25 de noviembre 1976 en la administración del entonces presidente Luis Echeverría, se define que un ex presidente tendrá a su disposición mientras viva, a 78 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, distribuidos de la siguiente manera: un general, cuatro  jefes, ocho oficiales, treinta y dos elementos de tropa del Ejército; dos jefes, cuatro oficiales y dieciséis integrantes de tropa de la Armada y un jefe, dos oficiales y ocho de tropa de la Fuerza Aérea Mexicana.

Además, en el acuerdo 2763-Bis del 31 de marzo de 1987, expedido cuando Miguel de la Madrid Hurtado era el titular del Ejecutivo, se estableció que, mientras vivan, los ex presidentes disfrutarán de una pensión equivalente al sueldo total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de Estado y “dicha pensión se otorgará con cargo al erario federal y se incrementará en la misma temporalidad y proporción”, además de tener derecho a percibir las prestaciones de un secretario de Estado, tales como seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores con cargo al erario federal.

Asimismo, al momento de fallecer, su cónyuge “disfrutará”, si le sobrevive, de una pensión equivalente al 80% del sueldo total que corresponde a los servidores públicos durante el primer año posterior a su muerte y se decrementará en un 10% anual a partir del segundo año hasta llegar al 50% de dicho sueldo, después del cuarto año de haber sido cubierta. Su cónyuge, además, gozará con el carácter de asegurada de los seguros de vida y de gastos médicos mayores por un monto equivalente al 60% en términos netos de la suma asegurada que corresponda.

A la par, sus hijos estarán cubiertos con un seguro de gastos médicos mayores durante todo el tiempo que transcurra hasta cumplir la mayoría de edad y tendrán a su cargo a 25 personas de las Fuerzas Armadas adscritos a la planta del personal de la Presidencia de la República: un director general, dos directores de área, cuatro subdirectores, cuatro jefes de departamento, una secretaria de director general, una secretaria de director de área, dos secretarias de subdirector, tres técnicos especializados, tres choferes y cuatro auxiliares administrativos.

Todo eso hubo, pero una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue terminar con esos excesos a su llegada a la presidencia, lo que enloqueció a muchos y se convirtió en una especie de venganza ciudadana contra los ex.

Con la llegada del nuevo Congreso, y con la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, por orden del presidente de la Mesa Directiva del Senado, ya que el presidente Enrique Peña Nieto no la vetó, pero tampoco la publicó en el tiempo correspondiente, se puso fin a las pensiones del expresidente.

El caso es que este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo que dar marcha atrás con parte de lo quitado a los expresidentes, tras una denuncia difundida por el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, a través de su cuenta de Twitter @VicenteFoxQue, quien acusó que la mañana de este sábado un presunto comando armado intentó ingresar a su casa. Fox dijo que esta es una situación grave que requiere inmediata atención y responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la seguridad de su persona, de su familia y de sus bienes.

Ante la denuncia, el presidente López Obrador ordenó crear una guardia de seguridad que proteja al expresidente Fox y a su familia, e informó, mediante su cuenta en Twitter @lopezobrador_, que instruyó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, a crear dicha guardia que funcione con eficacia, “pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen”.

Y yo me pregunto: ¿no era más sencillo haber reorganizado el aparato administrativo y de seguridad de los ex presidentes para haberse evitado recular a la hora de una situación extraordinaria, como esta? ¿No era más fácil planear, analizando los pros y contras de los temas que se iban a abordar como nuevo gobierno para que los ciudadanos viviéramos hechos y no palabras? ¿No era más fácil haber jerarquizado los temas de los mexicanos y las promesas de campaña, buscando resolverlos de una buena vez y para siempre, en lugar de hablar de muchos temas y a ver cuál llegaba primero? México requiere acciones que beneficien a los mexicanos y no politiquerías que no sólo no resuelvan los grandes problemas nacionales, sino que polaricen a la sociedad mexicana.

Yo creo que en el tiempo que lleva el nuevo gobierno en el poder, hay muchos temas que han tenido un fin similar: mucho ruido y pocas o nulas nueces. Han hablado del combate a la corrupción y al día de hoy no hay nadie en la cárcel por ese delito. Han hablado de bajar el precio de la gasolina y al día de hoy dicha disminución sólo en la cabeza de algunos, porque las bombas de gasolina cobran el litro más caro que el 30 de noviembre de 2018. Se ha hablado del combate a los huachicoleros y al día de hoy ningún pez gordo de cuello blanco. Si la 4T no da resultados contundentes, quienes votaron por ellos se van a decepcionar. El tiempo pasa y los resultados no se ven.

P.D. 1. Quien debe de estar muy preocupado si no es que escondido, es el ex alcalde de Reynosa, José Elías Leal, por todo aquel cochinero que dejó en la presidencia municipal y las consecuencias que habrán de generarle pronto sus actos corruptos e irresponsables acciones contra el presupuesto público de todos los reynosenses. ¿Habremos de verlo en la cárcel? Se lo merece, de eso no queda la menor de las dudas.

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