La vida laboral tiene altas y bajas. Por ejemplo, parte de mi generación, iniciaron a laborar a edad temprana y a edad temprana se jubilaron; hoy en día el trabajador tiene encima la amenaza de la 4T de incrementar la edad laboral a 68 años, pero además, hay una realidad que a los nuevos trabajadores tiene preocupados: ya no cuentan con derechos laborales en la práctica, es decir, plazas, servicio médico (IMSS o ISSSTE), créditos para vivienda, entre otras cosas, porque los contratan por honorarios.

¿Qué sucede, por otra parte, con aquellos que son trabajadores de confianza o que son parte de áreas, digamos susceptibles, de manejarse de una manera diferente, como aquellas actividades que tienen que ver con la seguridad pública. ¿Qué sucede, por otra parte, con aquellos que son empleados, digamos, de confianza? ¿Qué derechos pueden reclamar? ¿Qué beneficios pueden obtener?

LOS CARGOS POLÍTICOS Y DE CONFIANZA.

Hay una regla, no escrita, generalizada. Cuando se tiene un cargo de confianza, se entiende de nivel, te vas con quien te trajo o, te vas, cuando ese mismo lo decide. Incluso se conoce que los servidores públicos, los de confianza y de primer nivel, al momento de recibir su nombramiento también firman su renuncia que, obvio, se hace valer cuando el jefe necesita su lugar para alguien mejor recomendado o porque ya le perdió la confianza.

¿Se debe, o no, renunciar cuando hay un cambio de jefe? Yo soy de la idea de que se debe renunciar; otros, sin embargo, piensan que no y, por eso, acuden ante las instancias legales correspondientes y demandan la protección de sus derechos laborales. Tal es el caso de Gustavo Peña Martínez a quien Aida Zulema Flores, como líder del PRI, despidió para colocar ahí a uno, digamos, mejor recomendado. El caso es que Gustavo se defiende y, en primera instancia, va ganando.

GUSTAVO Y EL VELADOR.

Ya para estos días medio mundo conoce la historia del velador del PRI y de Gustavo Peña, que fungía como Director Jurídico del PRI estatal. Las instancias legales ya le dieron la razón al velador, la información difundida es que fue indemnizado con más de 4 millones de pesos y que los pago el CEN del PRI. El caso de Gustavo es de otra índole porque nadie, pero nadie, que yo este enterado, siendo funcionario partidista había reclamado derechos laborales.

Un medio de información público que Gustavo ya lleva ventaja. Lo cierto es que, efectivamente así es, pero recuerden que los patrones –en este caso el PRI- siempre tienen a la mano más y más artimañas, elementos del debido proceso, que sirven para alargar y postergar una decisión judicial. En eso, cuentan, se ampara el PRI de Yahleel Abdala, porque el de Aida Zulema Flores de eso ni se acuerda. Uno tras otro recurso, harán largo el proceso.

EL CASO DE JESUS HERNANDEZ ANGUIANO.

Un caso más, que llama la atención, es el de Jesús Hernández Anguiano, que fungía como Presidente del IETAM. ¿Recuerdan cómo, de manera imprevista, tuvo que dejar el cargo? Los mal pensados dijeron, sentenciaron pues, que lo hacía por presiones del gobierno local, que ambicionaba tener un Consejero Presidente en el IETAM a modo. El hecho es que, se fue, llego un sustito que, para variar, también ya se fue por motivos personales. Y el IETAM le da solo una migaja de indemnización.

Hernández Anguiano hizo cuentas y pidió 1.5 millones de pesos. El IETAM acordó darle solo 300 mil pesos. Demanda que le paguen indemnización por el tiempo que trabajo y las prestaciones correspondientes. Al efecto, después del estira y afloje, resulta que el Tribunal Electoral, ese que ya le dio permiso al PANAL de participar en las próximas elecciones, ordena que se le pague lo que corresponda por ley: seis meses del primer año y 20 días por cada año subsecuente y otras prestaciones.

ENSEÑANZA LABORAL.

El caso del velador del PRI, así como de Gustavo Peña como el de Jesús Hernández Anguiano nos ofrecen una enseñanza: todo trabajador, sea o no confianza, por el solo hecho de serlo, tiene derechos laborales. Y los hechos señalados indican con claridad que, ante hechos objetivos, el juzgador al aplicar la ley les concede la razón. Así, al menos, ya dos están debidamente juzgados: el caso del velador y del expresidente del IETAM. El problema es que no todos están dispuestos a pelear, unos por desconocer sus derechos, otros simplemente por no sentar un precedente.

Melitón Guevara Castillo

Licenciado en Administración Pública (UAT),  Doctor en Comunicación y Periodismo (Universidad de Santiago de Compostela).

Profesor Emérito de la UAT. Líder del Grupo de Investigación “Democracia y Comunicación Política” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Victoria, Tam.,).

Representante en Tamaulipas de la Red Nacional de Investigadores de la Calidad de la Democracia.  

Escribe la columna política DESDE ESTA ESQUINA, desde 1984 en El Diario de Cd. Victoria y actualmente en Hoy Tamaulipas.